Audiencia Provincial de Valencia, órgano judicial encargado del caso.El hombre tendrá que indemnizar con 12.000 euros a cada una de las víctimas y será inhabilitado durante 20 años para el ejercicio de cualquier profesión que conlleve el contacto directo con menores.
Un vecino de Valdemoro ha sido condenado a seis años y medio de prisión por contactar con niñas a través de Internet y forzarlas a participar en videollamadas sexuales con intimidaciones y amenazas. La Audiencia Provincial de Valencia le acusa de varios delitos de agresión sexual a menores y de elaboración de material pornográfico, por los que también se le impone la obligación de indemnizar a cada una de las víctimas con 12.000 euros y se le inhabilita durante 20 años para el ejercicio de cualquier profesión que conlleve el contacto directo con menores.
De acuerdo con la información publicada por El País, diario con acceso a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, los hechos se remontan a junio de 2018, mes en el que el valdemoreño conoce a la primera de las víctimas al coincidir con ella en un grupo de Whatsapp. Fue entonces cuando empezó a enviarle fotos de contenido sexual y le reclamó imágenes del mismo tipo.
La menor, que tenía 13 años, accedió a ello y le mandó fotos desnuda o con poca ropa. A partir de ese momento, el hombre le obligó a practicar sexo a través de videollamada, amenazándola con difundir públicamente sus fotos íntimas si no lo hacía. Llegó a publicar una de sus imágenes junto al teléfono de la joven en una red social.
El vecino de Valdemoro trató de conseguir lo mismo con la segunda víctima y, cuando esta se negó a mandarle fotos íntimas, él empezó a advertirle de que su actitud tendría consecuencias negativas porque podía localizar a sus padres y amigos. La menor se asustó y finalmente accedió a participar en una videollamada de contenido sexual.
La Audiencia Provincial de Valencia ha considerado que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual, pese a que no haya existido contacto directo entre victimario y víctimas, al haberse dado en un “marco claramente intimidatorio en el que existen amenazas explícitas e implícitas”.
La entrada y registro en su domicilio tuvo lugar el 26 de septiembre de 2018. En él, la Guardia Civil localizó vídeos de otras chicas similares a los grabados por las dos menores de la Comunidad Valenciana.
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