La Cámara de Cuentas de Madrid avala la legalidad del contrato del hermano de Ayuso

Aunque la presidenta Isabel Díaz Ayuso sostenía que el contrato por el que su hermano había cobrado una comisión ya estaba auditado, no ha sido hasta este miércoles 23 de marzo cuando finalmente la Cámara de Cuentas de Madrid ha ratificado su legalidad. El organismo aprobó ayer el informe sobre la fiscalización de los contratos por vía de emergencia tramitados por el Gobierno regional durante la pandemia, entre los que se encuentra el adjudicado por 1,5 millones a Priviet Sportive S. L., por el que Tomás Díaz Ayuso cobró al menos 55.850 euros más IVA. 

La conclusión de la Cámara de Cuentas es que el contrato siguió los procedimientos ordinarios de una contratación de emergencias y, por tanto, no incurrió en irregularidad. En el informe no se valora la cantidad recibida por el hermano de la presidenta, algo que queda al margen de la auditoría del organismo y que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción. 

Sí se estudian otros aspectos de los contratos auditados: si se justificó la emergencia —si el contrato respondía a la pandemia—, si se dio cuentas del mismo en el Consejo de Gobierno que preside Díaz Ayuso, si se comunicó el inicio del plazo de prestación, si el gasto final se corresponde con el previsto, si se llevó a cabo la prestación y si se publicitó en el Portal de Contratación. La Cámara de Cuentas concluye que el contrato con Priviet Sportive cumplió con todos estos requisitos. 

El informe ha analizado un total de 4.448 contratos, por un importe de casi 1.000 millones de euros. Y aunque afirma que “con carácter general, la mayoría se ha adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta situación” se señalan dos expedientes en los que se empleó la tramitación de emergencia “para adquirir bienes no destinados a combatir la pandemia”. 

Estos contratos son la adquisición de tres ecógrafos por valor de 102.800 euros y el suministro de dos equipos de mamografía por 560.000 euros, que el organismo fiscalizador entiende que deberían haberse tramitado por la vía ordinaria. También se pone en entredicho a los expedientes del 105 al 114, del 214 al 221 y 254 por no haber aportado “justificación de haberse dado cuenta al Consejo de Gobierno”, y los número 157 y 194, al no constar “la fecha de inicio de la prestación”.