
Para ello necesitan el apoyo de al menos un partido de la bancada de la izquierda, por tratarse de una reforma del Estatuto de Autonomía, medida que requiere el sí de dos tercios de los representantes en la Asamblea.
El Partido Popular y Vox registraron ayer, de forma conjunta, la modificación de la Ley del Estatuto de Autonomía para reducir el número de diputados de la Asamblea de Madrid de 136 a 91. Esta era la única petición que Rocío Monasterio había exigido por escrito a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, para apoyar su investidura.
En ese momento, ambas líderes se comprometieron a reducir el número de escaños en la cámara sin especificar cuál sería la cifra definitiva. Los 91 escaños por los que se ha optado en última instancia están justificados, según Vox, por ajustarse a los criterios de representatividad que siguen las Cortes Generales, con un ratio de un diputado por cada 77.156 habitantes. Con la disminución, los diputados de la Asamblea de Madrid representarían cada uno a 73.000 madrileños.
Se abandonaría así el sistema actual de elección —un diputado por cada 50.000 habitantes— por uno fijo que, de acuerdo con el partido liderado por Monasterio, confiere un número “suficiente” de diputados para desarrollar las funciones de la Asamblea “de manera eficiente”.
La iniciativa presentada por el PP y Vox se tramitará como proposición de ley y requiere el apoyo de al menos un partido de la izquierda para salir adelante, al necesitar de una mayoría cualificada por tratarse de una reforma del Estatuto de Autonomía. En el caso de que se apruebe en el Parlamento regional —si dos tercios de los representantes dicen sí—, tiene que ser posteriormente refrendada por las Cortes Generales mediante una ley orgánica.
El PSOE tiene la última palabra
Vox y PP defienden que esta medida supondría un ahorro de más de dos millones de euros para los madrileños y han invitado al resto de partidos a "dar ejemplo" en un momento en el que los ciudadanos se han visto obligados a "apretar el cinturón". Más Madrid y Podemos se han opuesto de forma rotunda a la medida, a la que tachan de “propagandística”, y han considerado que la reducción “no resuelve ninguno de los problemas de los madrileños”; solo “recorta la democracia”.
El PSOE parece ser el que tenga la última palabra en la decisión de si esta reducción saldrá o no adelante, al ser el único representante de la izquierda que se ha abierto a negociar la medida en el marco de una reforma más ambiciosa del Estatuto de Autonomía. “Habría que modificar el sistema de funcionamiento de un Parlamento como el madrileño en el que se permite que se bloquee sistemáticamente informar a los ciudadanos sobre cuestiones tan importantes como la adjudicación a dedo de contratos al amigo del hermano del pueblo de la presidenta”, ha declarado al respecto el portavoz del partido, Juan Lobato.
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