Toca cobrar, Pinto

La larga batalla judicial del Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid contra el gigante de las aseguradoras por determinar quién debe recibir su aportación correspondiente por el servicio de incendios ha puesto de relieve la negligencia de todas y cada una de las administraciones implicadas. 

Cada año, todos los municipios de más de 20.000 habitantes de la región que no tienen un parque de bomberos propio pagan al Gobierno regional 30,9 euros por habitante por la tasa de incendios. Un servicio del que se benefician las aseguradoras, que cobran pólizas de incendios a pesar de que nos son ellas las que apagan el fuego de cada vivienda asegurada. Las compañías, eso sí, abonan una contribución especial de 40 millones de euros cada cuatro años por la prestación del servicio. Ese dinero, a cambio, debe de revertirse directamente en el Cuerpo de Bomberos, pero no sorprenderá a nadie si decimos que esto nunca acaba ocurriendo.

En 2015, Rivas cayó en la cuenta de que las aseguradoras no debían de pagar a la Comunidad de Madrid sino a los ayuntamientos, que son quienes financian a los Bomberos con los impuestos de sus vecinos. El Tribunal Supremo dio definitivamente la razón al Gobierno local en 2021 y puso patas arriba el modelo de financiación del servicio madrileño de extinción de incendios. De hecho, el convenio que establece la cuota especial a pagar por las compañías aseguradoras debe de revisarse en 2024.

¿Y qué han hecho el resto de ayuntamientos afectados en estos siete años de batalla judicial? Salvo Torrejón de Ardoz, nada. Extrapolando las ganancias del municipio ripense, el Ayuntamiento de Pinto está perdiendo cada año medio millón de euros por mera desidia de sus gobernantes. El caso recuerda a los 9 millones de euros indebidamente pagados en concepto de IVA por parte de Aserpinto entre los años 1997 y 2008, y de los que solo pudieron recuperarse 4,5 millones.

No es la única reclamación que debería afrontar Pinto respecto a la tasa de incendios. Las ciudades madrileñas, efectivamente, pagan 30,9 euros por habitante por este servicio, pero hasta un tope de 100.000 habitantes. De esta forma, Alcalá de Henares -que tiene 195.982 habitantes- paga porcentualmente menos que Pinto (15,7 euros por habitante) cuando, además, recibe mejor servicio por albergar un parque de bomberos en su término municipal. 

Pero nunca oirán a ningún gobernante local quejarse al respecto, y está por ver si el Ayuntamiento de Pinto llegará a reclamar algún día este dinero que, por derecho, le corresponde. En su lugar, habrá que conformarse con estériles y ficticios debates sobre macrogranjas.