La torticera utilización de la Justicia por los partidos políticos

El auto de sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones judiciales contra la alcaldesa de Pinto y la concejala de Hacienda, Miriam y Tamara Rabaneda, vuelve a poner en candelero la utilización torticera de la Justicia por parte de los partidos políticos. El objetivo de estas querellas es lograr que durante meses o años el adversario político esté bajo sospecha, minando así su credibilidad y fomentando su desprestigio.  Si además el coste de la querella se la cargamos al Ayuntamiento, como ha sido éste el caso, pues miel sobre hojuelas.

Ha dicho Juan José Martín -que es quien interpuso la querella a cuenta del Ayuntamiento- que está “analizando” presentar una nueva demanda contra la actuación de Miriam Rabaneda. Pero no lo hará, porque esta nueva querella tendría que pagarla él o su partido y hasta ahí no llega su sincero amor por la legalidad. Este señor, que es un cáncer para el PSOE, ha dado en los últimos tiempos pruebas suficientes de cuáles son sus intereses. En este sentido parece querer emular al inefable Carlos Penit, una garrapata de la política local que consiguió vivir sin pegar ni golpe durante lustros y acabar con una suculenta pensión por sus muchos años de trabajo.

Por otro lado, la acusación que Martín Nieto le hace a Miriam Rabaneda denunciando que ésta ordenó el desistimiento de la querella es propia de un gañán. En primer lugar, Martín Nieto debería haber interpuesto la querella en nombre del PSOE y pagarla con su dinero, no con el de los vecinos de Pinto. En segundo lugar, Juan José Martín mientras era alcalde de Pinto contrató a un abogado afín al que el Ayuntamiento pagó pingües honorarios y, lógicamente, al cambiar de manos la alcaldía este abogado cesó en su relación con el Ayuntamiento. Y en tercer lugar, como dice el auto judicial, el Ministerio Fiscal había pedido en mayo el sobreseimiento de las actuaciones “por no resultar debidamente acreditados los hechos denunciados e imputados a Doña Miriam Rabaneda y a Doña Tamara Rabaneda”, por lo que “al haberse producido un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Pinto tras las últimas elecciones municipales, convierte en imposible e incompatible el mantenimiento de la acusación”. Pero nada impide que el Sr. Martín Nieto siga con la acusación a costa de su bolsillo.

Pero también el PP utilizó el arma judicial para desacreditar al Gobierno Tripartito salido de la polémica moción de censura. Así el 13 de enero de 2009 el PP presentó una querella contra ese Tripartito acusándolo de “ladrillazo de izquierdas”, denuncia que finalmente fue también archivada el pasado mes de septiembre por el Juzgado de Parla. La única diferencia entre el cruce de querellas PP-PSOE, como ha declarado el secretario general de los populares, Francisco Granados, es que ellos pagaron su querella con el dinero del partido, mientras el PSOE de Pinto utilizó el dinero del Ayuntamiento.

Ahora bien, aceptando la importancia de la diferencia entre la financiación de las distintas querellas, el argumento de Granados es falaz y no contesta a la pregunta esencial: ¿Utilizan los partidos políticos la Justicia como arma de desprestigio de sus oponentes? Es obvio que sí y en esto se igualan PP y PSOE, PSOE y PP.

También dice Granados: “Nosotros con los fondos del partido actuamos como tenemos por conveniente en cada caso”. Hombre, no, eso no es de recibo. Un partido político además tendrá que actúan de forma ética. No basta con no cometer delitos. La percepción cada vez más común en nuestra sociedad de que todo lo que no constituya delito se puede hacer, es perversa. Es como si un padre le dijera a su hijo: Tú en el colegio compórtate hasta donde sea delito. Pero nadie educa a sus hijos para que sólo se atengan al Código Penal y al Código Civil. Queremos que se duchen todos los días, cosa que no aparece en ninguno de estos códigos y muchas más cosas que tampoco aparecen ni deben aparecer. Por tanto, está el código de la dignidad, el código de la decencia, el código de las buenas costumbres, el código del respeto a los demás. Un ciudadano con responsabilidad pública debe tener claras estas cosas. Pero estas líneas rojas que no deberían ser traspasadas suelen desaparecer cuando un partido puede conseguir alguna ventaja sobre otro con una demanda judicial.

El camino debería ser el anunciado por Miriam Rabaneda en la rueda de prensa del miércoles: “Hay que abrir una nueva página y que todos los partidos nos centremos en sacar el municipio adelante olvidándose de judicializar la vida social y política”.