La empresa de detectives Mira confirma que el Partido Popular intentó espiar a Ayuso

Apenas año y medio después de que el Tribunal Supremo confirmase la sentencia al Partido Popular como “partícipe a título lucrativo” de la Trama Gürtel -ratificada en octubre de 2021 con la condena por el pago con dinero negro de la reforma de su sede de la calle Génova nº13-, la formación se enfrenta ahora a la crisis más grande sus 33 años de historia.

La empresa de detectives Mira acaba de confirmar que “algunas personas vinculadas a una empresa relacionada con el PP” intentaron contratar sus servicios para espiar de manera “ilegal” a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su director, Julio Gutiez, ha explicado en un audio difundido entre los medios de comunicación que se negó.

 “Quiero desmentir de forma tajante que este partido ordenara contactar con ninguna agencia de detectives, ni elaborar ningún dosier sobre Isabel Díaz Ayuso porque si alguien lo hubiera hecho sería cesado por mí de inmediato”, había asegurado esta tarde sin expresar el menor atisbo de duda el secretario general de los populares, Teodoro García Egea.

Aunque varios dirigentes del partido habían dejado caer la información en los últimos meses, los diarios El Confidencial y El Mundo destaparon la liebre ayer por la noche. Las informaciones han ido cayendo en cascada y han forzado la comparecencia de Ayuso, que ha señalado al presidente del PP, Pablo Casado. “Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el Partido Popular todos aquellos que llevan meses dedicados a atacarme a mí”, ha dicho irónicamente.

Las primeras noticias apuntaron a que la investigación sobre la presidenta se había llevado a cabo a través de una empresa municipal del Ayuntamiento de Madrid, extremo negado también a primera hora de la mañana por el alcalde, José Luis Martínez Almeida: “No hemos encontrado indicios de que haya sido así”. En el foco, sin embargo, estaba su mano derecha, Ángel Carromero, que precisamente acaba de presentar su dimisión.

La trama de espionaje tenía como objetivo conocer los pormenores de la adjudicación directa del Gobierno regional a Priviet Sportive SL -dirigida por un amigo íntimo de Ayuso- para comprar, en marzo de 2020, 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros. A pesar de que la presidenta había negado ninguna vinculación en el proceso de compra por parte de su hermano, Tomás Díaz, hoy ha reconocido que tuvo una “relación comercial” con la empresa.

Se especula con que el hermano de la presidenta podría haber recibido una comisión de 280.000 euros, si bien no se ha demostrado ninguna ilegalidad durante el proceso. “Animo a que alguien demuestre que yo me he movido para beneficiarle a él o a alguien de mi entorno personal como siempre se dice de manera maliciosa. Porque no tendrá nadie una sola prueba de corrupción por mi parte, ni una sola prueba”, ha asegurado.

Tras esta guerra sin cuartel se esconde, aparentemente, el control del partido en la Comunidad de Madrid. Ayuso quería adelantar el congreso regional para hacerse con la presidencia del PP de Madrid, una petición negada de forma reiterada por Génova. “Esta y no otra es la verdadera razón y ahora aparece ante ustedes la verdad”, ha criticado Teodoro García Egea durante su declaración.

Ambas partes han anunciado que se planean recurrir a la vía judicial y, paralelamente, el PP ha abierto un expediente disciplinario contra Ayuso que podría llegar a acabar con su salida del partido.