Colegio Juan Pablo II
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Reconocida, oficialmente, una zona de San Martín de la Vega como "terreno contaminado por radioactividad"

Laura Álvarez Gurrea Martes, 08 de Febrero de 2022 Tiempo de lectura:
Una de las zonas del canal del Jarama, en San Martín de la Vega, donde se enterraron los lodos radioactivos|Foto: El PaísUna de las zonas del canal del Jarama, en San Martín de la Vega, donde se enterraron los lodos radioactivos|Foto: El País

La zona contiene enterramientos clandestinos de lodos radioactivos desde 1970.

El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) incluirá una de las zonas del canal de Jarama, a la altura de San Martín de la Vega, en el inventario oficial de suelos contaminados por accidentes nucleares. Una medida que forma parte del plan normativo de 2022 de Pedro Sánchez y que permitirá sacar del limbo legal a los suelos contaminados por radioactividad que todavía no se habían restringido.

 

En la parcela de San Martín de la Vega, tal y como ha reconocido el CSN, se enterraron lodos radiactivos –con Cesio-137 y Estroncio-90– tras la fuga de un reactor experimental del Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón en 1970. El vertido acabó en las alcantarillas, fluyendo por el Manzanares, el Jarama y el Tajo.

 

Pese a que se intentó ocultar el accidente, limpiar el canal de riego e incluso se enterraron secretamente los residuos en ocho zanjas –las conocidas como banquetas del Jarama– en septiembre de 2018 se descubrió su existencia. Sin embargo, la zona no ha sido señalizada ni acotada todavía –el Ciemat y el CSN aseguraron en su momento que los niveles de radiactividad no eran peligrosos ya para el ser humano–.

 

Bruselas tuvo que amenazar a España

 

España ha puesto fin al vacío legal que suponían estas zonas contaminadas por accidentes nucleares después de que la Comisión Europea amenazase al Gobierno con llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la UE. El motivo es que no dispone de estrategias de control para descontaminar o restringir el uso de los suelos afectados por accidentes nucleares, una directiva de 2013 que España lleva casi diez años incumpliendo.

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