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El Gobierno de Ciempozuelos expulsa a Vox de su despacho municipal sin previo aviso

Raúl Martos Martínez Ver comentarios 3 Lunes, 10 de Enero de 2022 Tiempo de lectura:
Ayuntamiento de Ciempozuelos.Ayuntamiento de Ciempozuelos.

Toda la oposición desmiente la información de PSOE y Ciudadanos, que aseguran que los portavoces conocían su intención de desalojar a todos los grupos de sus despachos municipales.

El portavoz de Vox en Ciempozuelos, Rafael Palacios, ha denunciado ante la Guardia Civil el desalojo de su grupo del despacho municipal que tenía asignado sin ninguna comunicación previa. Los hechos se produjeron el pasado 3 de enero, cuando uno de los trabajadores temporales de los programas de empleo de la Comunidad de Madrid pasó a ocupar la que era su oficina.

 

Vox asegura que no tuvo conocimiento de la intención del Gobierno hasta ese mismo día cuando, a las 12.30 horas, la primera teniente de alcalde, Sandra Pérez, les contó lo ocurrido. “Me indica que toda nuestra documentación, como los datos del ordenador que teníamos en el despacho, los han retirado y los han amontonado y que pasemos a recogerlo y nos lo llevemos donde veamos oportuno”, recuerda Palacios.

 

El ‘desahucio’ se realizó sin dictamen previo ni el aval de ningún técnico municipal. Es por ello que Vox considera que “ha existido una vulneración total de la privacidad y una supuesta prevaricación en las funciones del responsable que ha dado esa orden” ya que “los únicos que tenemos acceso con llave al despacho son los concejales”. El grupo recuerda que “la documentación que tenemos es privada” y asegura sentirse “a merced del gobierno municipal”, ya que podría haber accedido “tanto a nuestros datos como a las estrategias políticas y posibles acuerdos con diferentes grupos”.

 

La oposición, en contra la decisión del Gobierno

 

En noviembre, tras una junta de portavoces, el Gobierno de PSOE y Ciudadanos propuso al resto de partidos que sus despachos fuesen utilizados por las mañanas por otros trabajadores “puesto que no los utilizan”. Aunque los empleados “trabajarían con un ordenador nuevo y no harían uso de estanterías u otros elementos”, Ahora Ciempozuelos, PP, CPCI y Vox mostraron su total rechazo.

 

Tal fue su preocupación que, al día siguiente, los diferentes grupos solicitaron formalmente la celebración de una junta de portavoces extraordinaria sobre el tema. El Ejecutivo, sin embargo, rechazó su petición apuntando que “la alcaldesa consideró terminada esta reunión informal dada la imposibilidad de establecerse un diálogo respetuoso y habiendo ofrecido todas las posturas por parte de todos los presentes”. La decisión, por tanto, quedó pendiente de aprobación.

 

Aunque de momento solo Vox ha sido expulsado de su despacho, partidos como Ahora Ciempozuelos coinciden en que la actuación del Gobierno “vulnera el derecho a la intimidad y la ley de protección de datos al acceder a esos despachos sin autorización”. En su opinión, existen otros espacios para albergar a estos trabajadores, por lo que la única intención de PSOE y Ciudadanos sería “desalojar a la oposición del Ayuntamiento y así tener vía libre para actuar sin control alguno de cara al año y medio que queda de legislatura”.

 

Desde el Partido Popular también ha expresado su “perplejidad y condena ante el atropello democrático” que ha sufrido Vox. Su portavoz, Héctor Añover, considera que se trata de “unos hechos muy graves que demuestran una forma dictatorial de gobernar que tiene la alcaldesa” y que “no podemos consentir”.

 

CPCI también ha mostrado su solidaridad con Vox y ha anunciado que denunciará al Gobierno si también es expulsado de su oficina. Su portavoz, Pedro Torrejón, ha recordado que la asignación de despachos a la oposición es una decisión plenaria que se remonta al inicio de la democracia y que existen otras áreas municipales que podrían albergar a los trabajadores, como el edificio de mayores. “Por tanto, es una falacia y una justificación pueril decir que no hay espacio”, ha declarado Torrejón.

 

“El Ayuntamiento no tiene obligación de dar un despacho”

 

La alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, ha restado importancia a la polémica: “Vox quiere montar un escándalo porque se ha utilizado únicamente su mesa de un despacho que no utilizan para una trabajadora del paro, envolviéndolo en una supuesta vulneración de sus derechos”. Asegura que se trata de “una falta absoluta de generosidad y sentido común” ya que, insiste, el partido tiene “su despacho cerrado las 24 horas del día, todos los días del año”.

 

La regidora, en contraposición con la versión ofrecida por toda la oposición, afirma que “se les dio hasta el 21 de diciembre para retirar los documentos que considerasen”. Incluso asevera que se puso a su disposición “un armario con llave para que su documentación estuviera protegida”, una aserción que niegan todos los portavoces. En cualquier caso, explica que “desconocemos qué documentación tenía Vox en el despacho porque ni hemos pasado, ni la hemos mirado, ni nos interesa”.

 

Para Raquel Jimeno, “el Ayuntamiento no tiene la obligación de dar un despacho a cada grupo, más aún cuando en Ciempozuelos cada grupo tiene una asignación económica de las más generosas de la Comunidad de Madrid, donde ya se garantiza los recursos más que suficientes para ejercer su labor”. Lo cierto es que la Ley sí establece que los diferentes gobiernos deben de ofrecer a la oposición un espacio para realizar su trabajo, aunque siempre “en la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa de la entidad local”.

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