El exregidor habría planeado una veintena de fórmulas para enriquecerse ilícitamente, como la manipulación de contratos públicos, el pago de las obras de construcción de su chalé familiar o el abono de facturas de restaurantes y clubes de alterne.
La Agencia Tributaria ha puesto cifras a las pericias del exalcalde de Valdemoro y candidato del PP Francisco Granados: 8,3 millones de euros por sus argucias en planes urbanísticos y fraudes en la adjudicación de contratos públicos.
El cerebro de la Púnica habría planeado más de una veintena de fórmulas para enriquecerse ilícitamente, entre ellas, el cobro de comisiones en metálico, el regalo de coches, parcelas urbanísticas y una casa de veraneo o el disfrute gratuito de fincas rústicas y un barco de recreo. A esto hay que añadir “el pago de las obras de construcción de su chalé familiar, transferencias de empresarios a una amante y hasta el abono de facturas de restaurantes y clubes de alterne”, tal y como ha publicado El Confidencial, atendiendo a los estudios de los inspectores de Hacienda sobre el caso.
A estas cantidades se suman los 1,6 millones de euros que el político ocultaba en dos cuentas de Suiza, así como 922.000 euros en billetes que la Guardia Civil encontró en un altillo de la casa de sus suegros en diciembre de 2015. El escándalo se habría afianzado con la asociación de Granados con los constructores David Marjaliza y Ramiro Cid para conseguir derechos de edificación privilegiados en su municipio, mientras ejercía el cargo de primer edil del Ayuntamiento de Valdemoro (1999-2003) y consejero regional (2003-2011). “Granados hizo supuestamente todo lo que estaba en su mano para recalificar la mayor cantidad posible de suelo. Cuantas más casas se construían, más dinero ganaba”, apuntan desde el medio de comunicación.
Hacienda atribuye al exalcalde la concesión irregular de contratos de obra pública por un importe de 18,3 millones de euros durante el periodo de la burbuja inmobiliaria. Además de todos estos sobornos, que le habrían permitido beneficiarse del “boom” del ladrillo, el excandidato del PP aprovechaba cualquier contrato público del ayuntamiento – como el servicio de gestión de multas o de grúa en el municipio- para embolsarse ingresos. Las maniobras de corrupción del político se traducen en 8.349.103 euros estimados por la Agencia Tributaria.
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