¿Cuánto ganaban por el impuesto de la plusvalía Pinto, Valdemoro, Ciempozuelos y San Martín de la Vega?

El Tribunal Constitucional ha dado el golpe definitivo al impuesto de la plusvalía, la segunda fuente de recaudación más importante de la administración local tras el IBI y que genera 2.500 millones de euros anuales a los ayuntamientos de toda España. La plusvalía grava la venta, donación o herencia de una vivienda en función de un cálculo sobre el valor catastral del inmueble con el paso de los años, independientemente de si la operación ha supuesto un beneficio para el ciudadano.

Esta es la tercera vez en cuatro años que el Constitucional tumba el impuesto. Aunque todavía no se conoce en detalle la sentencia, el tribunal ha declarado nulo el método para calcular la base imponible del tributo. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en los ayuntamientos que, en palabras de la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), piden soluciones para recuperar “una fuente sustancial de ingresos”.

El Ministerio de Hacienda ya ha anunciado que está ultimando “un borrador legal que garantizará la constitucionalidad del tributo, ofrecerá seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos”. La administración local se mantiene a la espera mientras se publica la sentencia y se hace definitivo el nuevo cálculo del gravamen, aunque en algunos casos ya ha anunciado que dejará de cobrar el impuesto hasta que exista seguridad jurídica.

¿Y quiénes pueden reclamar la devolución de la plusvalía ahora que se ha declarado inconstitucional? Únicamente las personas que tuvieran expedientes y recursos abiertos antes de conocerse el fallo. Aquellos que pagaron el impuesto y no realizaron ninguna reclamación no podrán recuperar su dinero.

Los ingresos por plusvalía en el sur de Madrid

ZIGZAG ha querido conocer la postura de los ayuntamientos de nuestro entorno más inmediato. El primero en reaccionar ha sido el de Pinto, que ha decidido no practicar nuevas liquidaciones “hasta que el contexto jurídico lo justifique” y ha suspendido cautelarmente el procedimiento administrativo. Una decisión que supone un recorte de entre un 5% y un 10% a sus ingresos. “Urge por parte del Ministerio de Hacienda establecer ese nuevo método de cálculo y modificar, por tanto, la Ley Reguladora de Haciendas Locales porque el agujero que produce la anulación de este impuesto en los ingresos de un ayuntamiento es muy importante y es algo que a fecha de hoy no nos podemos permitir ni el Ayuntamiento de Pinto ni ningún otro ayuntamiento”, ha declarado el concejal de Servicios Tributarios, Rafael Sánchez.

Pinto es uno de los municipios de nuestro entorno que más dinero recibe en concepto de plusvalía, pero también en el que existe una mayor diferencia entre los derechos reconocidos -ingresos que le corresponden- y la recaudación final. En 2019, los derechos reconocidos netos por plusvalía del Ayuntamiento de Pinto ascendieron a 2.251.050,65 euros, de los que se recaudaron 1.466.840,43 euros (65% del total). A pesar de la pandemia, los derechos reconocidos por el gravamen aumentaron en 2020 hasta los 5.273.480,54 euros, aunque finalmente solo llegaron a las arcas municipales 2.057.432,24 euros (39%).

En Valdemoro todavía no han tomado ninguna decisión. “Tenemos que estudiar muy bien la sentencia y ver qué va a hacer el Ministerio de Hacienda”, han valorado los técnicos del Ayuntamiento, que critican que “el Ministerio no ha hecho nada en estos tres años que ha tenido el asunto sobre la mesa”. ZIGZAG está a la espera de conocer las cifras exactas de recaudación de Valdemoro en concepto de plusvalía, si bien fuentes municipales señalan que se encuentran “más o menos en unos 3,5 millones de euros”. Es decir, algo más del 4% del total de sus ingresos.

El impacto de la nulidad del impuesto para las arcas del Ayuntamiento de Ciempozuelos será del 6%. “Es un dinero del que no podemos prescindir puesto que siempre defendemos una mejor financiación de los ayuntamientos, que cada día asumimos más servicios y competencias que muchas veces no nos corresponden”, ha valorado la alcaldesa, Raquel Jimeno. En 2019, los derechos reconocidos por plusvalía fueron 1.365.930,84 euros de los que se recaudaron 1.079.365,23 (79%).

Los derechos reconocidos subieron en 2020 hasta los 1.601.658,77 euros, pero los ingresos finales cayeron por debajo de los del año anterior, 1.030.113,35 euros (64%). “Esperemos que el Gobierno busque una solución alternativa porque somos la institución más cercana al ciudadano y a la que viene siempre el ciudadano en primer lugar por estar más cerca de ellos”, ha esgrimido la regidora, que también está la espera de conocer en detalle la sentencia.

En San Martín de la Vega tampoco han tomado aún una decisión. “Hacer una valoración sin conocer la sentencia es complicado”, explica la concejala de Economía, Sonia Azuara. La edil reconoce que la plusvalía “es un tributo municipal superimportante” por lo que considera que la decisión del Tribunal Constitucional supone “un grave perjuicio para los ayuntamientos porque su capacidad de gestión cada vez se limita más y ahora encima perdemos ingresos”.

Aquí, el gravamen representa cerca de un 5% de las ganancias del Consistorio. Los derechos reconocidos por plusvalía alcanzaron en 2019 los 638.000 euros, de los que solo quedaron por recaudar 2.000 euros (99%). En 2020, debido a la pandemia, la cifra de ingresos final cayó hasta los 416.000 euros de los 432.000 que le correspondían (96%), pero este año estaba repuntando a un ritmo frenético: hasta octubre los derechos reconocidos del impuesto llegaron a los 667.000 euros, de los que ya se han recaudado 612.000 (91%).