Los desahucios en Madrid aumentaron en un 6% en el primer trimestre de 2021

La imagen de la pequeña Ari, de tan solo dos años, siendo expulsada del piso en el que vivía en Madrid por agentes antidisturbios, fue compartida la semana pasada en redes sociales por miles de usuarios entre los que se encontraron políticos como Mónica García o Íñigo Errejón. 

Un nuevo desahucio en Madrid. Otra familia más en la calle, otro piso vacío en manos de un banco.
Foto de @Imanol_RR pic.twitter.com/RXqmwFGV1x

— Mónica García (@Monica_Garcia_G) July 14, 2021

El desahucio de la familia, formada por Manuela, Jesús y sus cuatro hijos, se produjo el pasado 14 de julio tras tres intentos frustrados anteriormente. La vivienda de la calle Sierra Salvada, que ocupaban desde hace siete años, era propiedad de Bankia, actualmente perteneciente a la Compañía General de Inversiones SL. 

Según informa El País, los últimos datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial cifran en 847 el número de órdenes de desahucio que se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid en el primer trimestre de 2021. Esto supone un 6% más que en el mismo período del 2020. 

Las familias madrileñas, de acuerdo con la encuesta de los presupuestos familiares en 2019, designan hasta un 33,7% del total de sus ingresos para cubrir los gastos derivados de la vivienda. Portales inmobiliarios como Fotocasa elevan este gasto general hasta el 50%. Ambos porcentajes están por encima de lo recomendado por los expertos en vivienda, que marcan en 30% el salario que debería destinarse a estos gastos. 

La vivienda pública que no llega

Los desahucios por impago de rentas de alquiler tienen, en teoría, protección permanente desde que en julio de 2019 se modificase la Ley de Enjuiciamiento Civil. En ella se justifica la suspensión de la medida siempre que se declare la vulnerabilidad económica y social de la familia. La suspensión dura un mes, o tres, si el propietario es persona jurídica. Este es el tiempo en el que deben actuar los servicios sociales. 

Esta medida no les sirvió a Manuela y a Jesús, quienes no tenían el título de arrendatarios. Cuando entraron en el piso estaba vacío y era propiedad de Bankia. Este es el perfil mayoritario de las ocupaciones, según recoge El País. Esta familia, como otras muchas, tiene expediente abierto en los servicios sociales y era solicitante de vivienda pública -Manuela lleva nueve años apuntada en la lista de vivienda de la Comunidad de Madrid-. 

“Si las administraciones hubieran cumplido con su trabajo y hubieran dado una vivienda social a esta familia que es obviamente vulnerable, no tendrían que haber ocupado”, relata al periódico Mercedes López, de PAH Vallecas, la plataforma antidesahucios. “Ocupar es una mierda que nadie quiere porque es un sin vivir”, asegura.