La Audiencia Nacional reabre la causa por la recalificación de unos terrenos de El Corte Inglés en Valdemoro

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado el archivo de la causa de dos constructores de Valdemoro imputados en el caso Púnica, al considerar que esta decisión había sido “precipitada”. Las acusaciones les sitúan en una trama en torno a un supuesto amaño urbanístico en 2004 entre el Ayuntamiento del municipio y El Corte Inglés, que se inscribe dentro del "plan criminal" del que es protagonista el exonsejero madrileño y exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados. 

Los acusados son el exdirectivo de El Corte Inglés, Faustino José Soriano, y el constructor Javier Cid Sicluna, a los que el juez del caso, Manuel García Castellón, había sacado de la causa el pasado abril tras considerar que la perpetración de los delitos que se les imputaban no había sido “debidamente justificada” y no haber encontrado indicio alguno que los vinculase a la trama dibujada por la acusación. 

Tras el recurso de la Fiscalía Anticorrupción en marzo, la Sala de lo Penal ha dado la razón a las acusaciones y obliga al instructor a practicar las diligencias de investigación solicitadas, donde destaca la citación del exdirectivo de El Corte Inglés. 

En el auto fechado a 1 de julio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acuerda revocar “íntegramente” la resolución de Manuel García Castellón, al estimar el recurso de la Fiscalía. El juez ha de “continuar las actuaciones hasta la conclusión de la fase de investigación, debiendo incoporar la totalidad de las diligencias” pendientes y relevantes para el resultado final de esta. Los constructores de Valdemoro continúan, por tanto, como imputados en el caso. 

Se ha descrito la decisión de archivar la causa como “precipitada ante los indicios de criminalidad existentes”. La resolución recurrida por la Fiscalía omite una operación fraudulenta realizada bajo la dirección y participación de los integrantes de la Junta de Compensación en el sector UDE Oeste-Norte, presidida por Soriano, y de la que era delegado Javier Cid. Fue en esa junta donde fueron más evidentes los amaños urbanísticos, según la Sala de lo Penal.