
Varias asociaciones relacionadas con la sanidad pública solicitan que se deje de vacunar en empresas privadas.
Una veintena de colectivos y organizaciones relacionadas con la sanidad pública ha convocado una concentración mañana, jueves 8 de julio, frente al Corte Inglés de la calle Arapiles. El objetivo es tratar de frenar lo que denominan como “la privatización de la vacuna del coronavirus” en Madrid, tras el inicio de la vacunación en el centro comercial frente al que se manifestarán; en Acciona y en el Grupo Santander.
La convocatoria tiene dos tramos horarios: Uno en la mañana, de 11:00 a 13:00 horas, y otro en la tarde, de 18:00 a 20:00 horas. En estas cuatro horas, las organizaciones quieren protestar contra el uso que la Comunidad de Madrid hace del dinero de los fondos públicos “para nutrir a empresas con lo que ya está pagado y de lo que los centros de salud pueden hacerse cargo”.
Exigen que la vacunación se realice en los centros de salud y en los centros municipales de salud comunitaria, “donde existe cercanía física y afectiva con los pacientes”. Las asociaciones denuncian que, con el uso de estas empresas como centro de administración de dosis, se ha pasado de priorizar la edad o los factores de riesgo en el orden de vacunación a que se favorezca el trabajar o acudir a determinadas empresas.
Madrid es la región que más dosis almacena
En la nota de prensa en la que anuncian los motivos de esta iniciativa, las asociaciones explican que la Comunidad de Madrid “ha almacenado en los últimos días casi un millón de vacunas, con el perjuicio que para la población puede suponer el retraso de su administración”. Achacan esta acción al reparto que se ha hecho de ellas a las empresas privadas.
Lo cierto es que, según los últimos datos sobre vacunación del Ministerio de Sanidad, Madrid es la región que menos primeras dosis ha suministrado -el 48% frente al 54,7% de la media nacional-. En el almacén, tiene sin administrar 1.024.410 dosis, la cifra más alta de todo el país. El consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, ha defendido esta medida argumentando que otras comunidades “ya están preocupadas porque tienen que alargar los plazos de administrar la segunda dosis”.
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