
El partido también ha sido denunciado ante el Tribunal de Cuentas por supuesta financiación ilegal y malversación de fondos.
La Fiscalía de Madrid ha decidido querellarse contra Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid, por un presunto delito de falsedad documental. Según El País, la candidata del partido en las elecciones del 4-M habría utilizado hasta 2016 un visado de 2005 cuando reformó un ‘loft’ del conocido presentador Arturo Valls sin ser arquitecta. Monasterio habría utilizado los sellos de una compañera ajena a los proyectos para evitar contratar a los profesionales necesarios.
Más Madrid y el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid denunciaron la falsificación de un visado en 2016 para tramitar planos en el Ayuntamiento de Madrid, los únicos hechos que no habrían prescrito. El partido de Mónica García también acusó a Monasterio de un delito de estafa, pero la Fiscalía de momento solo presentará cargos por falsedad documental.
Rocío Monasterio, por su parte, ha asegurado que se trata de un intento de “amedrentarla” y ha calificado las acusaciones como “absurdas”. “Ya lo dijo Pedro Sánchez, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, de Pedro Sánchez. Este movimiento de la Fiscalía es una más para intentar amedrentarnos. Esta es la misma denuncia que ya hicieron el Podemos dos, de la médico y madre, en el colegio de arquitectos y que archivaron, con El País condenado... es la misma denuncia. La Fiscalía va con tiempos distintos. Hay dos sentencias contra El País”, ha declarado en una entrevista en EsRadio.
Más denuncias contra Vox
El partido Aliza Cívica ha decidido denunciar a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Vox y a sus responsables de tesorería por presuntos delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal, malversación de caudales públicos y organización criminal. Las pruebas las habrían aportado con todo lujo de detalles “particulares, cargos y exmilitantes indignados por su gestión y prácticas”.
Las acusaciones pasan por “graves inconsistencias en las contabilidades nacionales y provinciales del partido, mensajes de altos cargos reclamando sobres con dinero recaudado en donaciones, pruebas de un posible falseamiento del número de afiliados que justificaría ingresos de procedencia desconocida disfrazados de cuotas, facturas sin CIF ni registro con las que Vox cargaría a cuenta de sus cargos locales los gastos de actividades y mercadotecnia, que además venderían en contra de lo estipulado en la Ley de Financiación de Partidos Políticos y emplearían para un presunto fraccionamiento de donaciones o el anómalo alquiler y reforma de su antigua sede central”.

















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