El “dedazo” del ex ministro Sebastián o la corrupción “presunta” que no cesa

Según desvela el diario “ABC”, el ex ministro de Industria Miguel Sebastián, poco antes de dejar el cargo, adjudicó un contrato de 4,2 millones de euros a la empresa en la que trabaja el que fue abogado jefe del Ministerio. El letrado Eduardo Soler participó en el cambio de regulación energética y ahora se le contrata para que solucione los problemas que generó.

En el Ministerio de Industria se conoce como «el concurso a dedo». “ABC” ha tenido acceso a este documento, y a otros, que demuestran cómo el ex ministro de Industria Miguel Sebastián adjudicó por un procedimiento «urgente, negociado y sin publicidad» un contrato de 4,2 millones de euros a la empresa Herbert Smith. En esta empresa trabaja el que fuera, desde 2007 hasta enero de 2011, abogado del Estado de Industria, Eduardo Soler, que participó en los cambios de regulación que los socialistas aprobaron en el sector fotovoltaico. 

Precisamente, el contrato con esta firma es para la defensa del Estado español en el ámbito internacional, ante las reclamaciones que presentaron los afectados por un cambio normativo que ellos consideraban que les afectaba gravemente. Unas reclamaciones que ascienden a unos 740 millones de euros.

Cuatro días antes de las últimas elecciones generales, el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, contrató como asesor externo, y por un periodo de cuatro años, a un despacho de abogados. Minuta: cuatro millones de euros. Su cometido era defender a España (como si no existiera la Abogacía del Estado) en los pleitos planteados por quienes se consideraron afectados por un cambio en las subvenciones a la energía fotovoltaica aprobado, a la baja, por el Ministerio de Industria.

En fondo y forma, el episodio es muy grave, pues revela el dispendio con que el Gobierno socialista trataba el erario, arrinconando a los servicios jurídicos del Estado y encomendando un contrato multimillonario a un despacho en el que ahora trabaja la misma persona que fue fundamental en ese cambio de regulación, y que luego se pasó al sector privado. Estas son precisamente las prácticas (discrecionales, despilfarradoras y cuajadas de sombras) que merman la confianza de los ciudadanos en los políticos y gestores públicos.

Así no es como se defiende al Estado; así es como se le maltrata.

Los papeles del “dedazo” de Sebastián.

Más rigor en las incompatibilidades.