El futuro de la Asociación de Minusválidos de Pinto, en peligro ante los problemas estructurales de su sede

La asociación de personas con diversidad funcional de Pinto (AMP Somos Diferencia) se ha puesto en contacto con todos los partidos del Ayuntamiento de Pinto para alertar del grave problema en el que se encuentran. El Ayuntamiento se niega a afrontar los problemas estructurales que sufre el Centro Municipal Oliva Rodríguez, sede de la entidad, lo que podría acarrear la suspensión de las subvenciones regionales que recibe en el caso de que las instalaciones no superen las inspecciones periódicas que realiza la Comunidad de Madrid.

“Llevamos años pidiendo a los respectivos gobiernos de Pinto la revisión técnica del edificio sin que esto se produzca”, afirma la entidad en un comunicado, en el que recuerda cómo durante el último período electoral todos los partidos se comprometieron a acometer las obras necesarias. Especialmente recuerdan las palabras del hoy alcalde, Diego Ortiz, y de las también concejalas de gobierno del PSOE Toñi Soguero y Lola Rodríguez: “Nos dijeron públicamente que si salían elegidos en las elecciones municipales se harían cargo de arreglar las grietas que tiene el edificio por dentro y por fuera, mejorar el suelo de la rampa para que no resbalase, quitar el techo de uralita del almacén que hay en el patio y facilitar aparatos de aire acondicionado”.

Desde principios de año los problemas se han agravado. Las grietas del edificio se han abierto “cayéndose incluso trozos de yeso del techo” porque, según un arquitecto privado, las bovedillas se están rompiendo, si bien la estructura no correría peligro inminente. Las incidencias han sido notificadas al Ayuntamiento que, sin realizar valoración técnica alguna, ha descartado hacerse cargo de las obras porque considera que todas las labores de mantenimiento corresponden a la asociación.

Aunque ciertamente el convenio de cesión de uso señala que la entidad debe de “mantener en buen estado el edificio […], siendo responsable de los daños, detrimentos o deterioros causados”, la AMP afirma que su compromiso se limita al desgaste cotidiano. La asociación se acoge a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid que establece la obligación de los propietarios de terrenos “de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos”.

La polémica saltó en el pleno ordinario de octubre, en el que todos los partidos de la oposición pidieron al Gobierno una reunión urgente para arreglar el edificio y renovar el convenio de apoyo a sus programas de atención a personas desfavorecidas. Aunque todavía no se ha suscrito el acuerdo por el que viene recibiendo unos 50.000 euros al año, el Ayuntamiento ha destinado recientemente 40.702,41 euros de forma extraordinaria a la asociación por la COVID-19.

Desde el PSOE insistieron en que el convenio de cesión establece que la AMP debe de afrontar “cualquier problema estructural que tengan”. Sin embargo, el alcalde aseguró que están estudiando algunas alternativas junto con la entidad como “que el Ayuntamiento se encargue del edificio o buscar un espacio alternativo”.