Sobreseído provisionalmente el ‘Caso del Chivatazo’ denunciado por Valoriza-Gestyona en Pinto

Más de dos años después, el Juzgado de Parla se ha pronunciado sobre la denuncia realizada por Valoriza-Gestyona contra trabajadores de la UTE y Aserpinto y miembros del anterior gobierno de Ganemos Pinto (2015-2019) por un presunto de delito de descubrimiento y revelación de secretos. La jueza, en base al informe emitido por la Fiscalía, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por falta de pruebas. 

El conocido como ‘Caso del Chivatazo’ fue puesto en conocimiento de la Justicia en mayo de 2018. La empresa encargada de la limpieza viaria, parques y jardines y RSU de Pinto decidió despedir a una trabajadora y denunciar a otros empleados de Aserpinto al considerar que habían filtrado documentación confidencial. La información fue enviada de forma anónima a Ganemos Pinto, que la utilizó como punto de partida para tratar de demostrar que la UTE había falseado los partes sobre su trabajo. 

El Juzgado de Parla decidió entonces abrir diligencias previas. Además de los trabajadores, también fueron llamados a declarar el anterior alcalde, Rafael Sánchez, la entonces consejera delegada de Aserpinto, Consoli Astasio, y el exconcejal de Medio Ambiente, Raúl Sánchez. Los tres imputados dijeron desconocer a las personas responsables de la filtración y negaron que se tratase de un plan para revertir la concesión de los servicios de limpieza como denunciaba Valoriza-Gestyona. 

El informe redactado por el Ministerio Fiscal es claro al señalar que del relato de los hechos no puede desprenderse una revelación de secretos. El escrito, entre otras cuestiones, indica que –salvo en un caso- no se firmaron cláusulas de confidencialidad y que la información no afectaba a personas físicas. También recuerda que el pliego de condiciones de la adjudicación establece que “todos los datos manejados por la empresa concesionaria como consecuencia de la prestación del servicio serán propiedad del Ayuntamiento de Pinto” y que “finalizada la ejecución del contrato, el concesionario procederá al traspaso de la totalidad de la documentación relacionada con el mismo”. 

Tanto la Fiscalía como la magistrada coinciden en el sobreseimiento provisional y archivo de la causa “por no resultar debidamente justificada la perpetración de los delitos que han dado lugar a la misma”. El procedimiento podría ser reabierto en caso de que se aportasen nuevas pruebas, aunque de momento la UTE no se ha pronunciado al respecto. 

Quienes sí han hablado han sido los miembros de Ganemos Pinto: “Se reafirma en lo que se dijo en su momento, que la denuncia carecía de fundamento y que se trataba de la reacción de la UTE ante las sanciones impuestas por el anterior gobierno por posible falseamiento de información”. El hoy Unidas Pinto considera que la denuncia fue un intento de “desprestigiar” a la formación de cara a las elecciones de 2019 con la “pena de banquillo”. Asimismo, cree que el proceso ha tenido efecto en el actual Ejecutivo del PSOE ya que "parece haber renunciado a revertir un contrato que día a día resulta más gravoso para los pinteños”.