Dos acusaciones populares le habían pedido que se apartase del caso por su vinculación a una empresa con “intereses inmobiliarios” en la trama.
Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional encargado de la investigación de la pieza 4 de la macrocausa de corrupción Púnica, la que investiga las operaciones urbanísticas en el municipio de Valdemoro, continuará al frente de la causa a pesar de que dos acusaciones particulares habían solicitado que se apartase del caso.
Tanto el PSOE como Adade, ambos personados en la causa, solicitaron la retirada de García Castellón por su posible vinculación a una de las empresas con “intereses inmobiliarios” en el plan de urbanismo de la localidad.
Las acusaciones explicaron que el juez instructor también ejerce prestando “servicios de tutoría online” en el Centro Universitario Ramón Areces, que “pertenece y depende” de una empresa cuyos directivos se vieron “muy directamente afectados” por los cambios que se realizaron en el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Valdemoro en el año 2004.
Por ello, ambas acusaciones concluyeron que no se garantizaba la imparcialidad del juez y solicitaron su retirada del caso. Sin embargo, el magistrado ha anunciado que no ve “base legal para apartarse” y que seguirá por tanto en la instrucción.
García Castellón ha expuesto que ni la fundación ni la sociedad mencionada es´tan siendo actualmente objeto de investigación de esta pieza concreta por lo que no habría “conflicto de interés alguno en la docencia cuya compatibilidad fue examinada y reconocida por el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial”.
Además, apunta que el escrito presentado por Adade “se basa en la más absoluta falta de concreción legal” y que únicamente se limita a afirmar “que este magistrado tiene concedida la compatibilidad de este cargo judicial con el ejercicio de la docencia”.


















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