El Ingreso Mínimo Vital no ha llegado ni al 1% de los hogares en pobreza extrema que lo han pedido

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, estimó que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado el 29 de mayo para combatir la pobreza extrema en España, llegaría a 850.000 familias que agrupan unos 2,3 millones de personas. Sin embargo, tras aprobar de oficio 74.100 subsidios el 26 de junio, hasta el 7 de agosto el Ministerio sólo ha aprobado 3.966 solicitudes de las 510.000 presentadas, menos del uno por ciento.

El importe de la prestación del IMV oscila entre 462 y 1.015 euros, según las circunstancias de los beneficiarios. Hasta mediados del pasado mes de julio, el volumen total de las peticiones llegaba hasta los 510.000, de las que, como ya se ha señalado, se concedieron solamente 3.966.  

Escrivá estimó que “en España hay unos 600.000 hogares” muy pobres y que “con el IMV sacamos fuera de la pobreza extrema al 75 por ciento de esos hogares y los llevamos a niveles que, en algunos casos, seguirán siendo de pobreza, pero ya no tan aguda”.

La urgencia de esta realidad fue también subrayada por la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, "nuestro país tiene una de las tasas de pobreza severa más elevadas de la Unión Europea y eso tiene especial repercusión en los niños y niñas". Algo que ha agravado aún más la pandemia.

Esta ayuda urgente —“he tenido que meter mucha prisa [para aprobar el IMV]”, declaraba entonces el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias— se está demorando de forma dramática para decenas de miles de familias. “A este ritmo, no sabemos cuándo va a llegar a los hogares que lo necesitan. No tiene sentido, porque se trata de una ayuda urgente y contempla tres meses de plazo para resolver, cuando ya hay gente que lleva cinco meses sin ingresos”, cuenta Joaquín García, presidente de la Asociación Víctimas del Paro.

Además, Conrado Giménez, presidente de la ONG Fundación Madrina, denuncia que más de la mitad de la población objetivo del IMV no lo recibirá por cuestiones de forma. “El que está diseñando esto no está al pie del cañón, porque la ingeniería social de la Administración no funciona”.

Por otro lado, la atención telefónica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) está colapsada y el procedimiento para pedir el IMV no facilita el acceso para quienes más lo necesitan. Desde hace semanas, no hay nuevas citas previas, por lo que solo puede hacerse la tramitación telemáticamente, para lo que el interesado debe obtener el certificado digital. Sin embargo, la mayoría de los solicitantes no tienen para pagar una conexión a internet ni conocimientos para presentarla. Así, según alertan las asociaciones, están proliferando los locutorios y gestorías que cobran entre 40 y 60 euros por, en ocasiones, simplemente fotocopiar y presentar telemáticamente la petición de subsidio, fenómeno que ya ocurría con las citas de extranjería hace unos meses.

Si a ello añadimos que más de un tercio de la plantilla del INSS —10.580 trabajadores, 2.100 menos que hace diez años— está de vacaciones, completamos un cuadro que muestra, una vez más, la astronómica distancia entre la realidad y las esperanzadoras declaraciones y promesas de los políticos.