La Comunidad de Madrid ordenó no ingresar a ancianos en hospitales durante el pico de la crisis del coronavirus

A fecha 4 de junio han fallecido 6.007 ancianos en alguna de las 700 residencias de la Comunidad desde el mes de marzo, cuando oficialmente comenzó la crisis del coronavirus, con la presencia confirmada de la COVID-19 en su organismo o síntomas claros.

En todo este tiempo ha rondado la teoría de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid instó a los centros sociosanitarios a que no ingresasen en hospitales todos aquellos usuarios de residencias durante el pico de la pandemia. Aunque la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, negó en marzo la acusación –“Todo el personal sanitario de Madrid estaba atendiendo a todos los pacientes por igual sin seleccionar a nadie por nada”, dijo el 20 de marzo en ‘Espejo Público’-, tiempo después se contradijo a sí misma. “Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado”, explicó Ayuso a El Mundo el pasado 10 de mayo.

Finalmente, y tras filtrarse el protocolo a los medios, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, reconoció ayer la existencia del protocolo, aunque dijo que era un “borrador” que “se envió por error a principios de marzo a los centros sociosanitarios”. En su comparecencia en la Asamblea de Madrid, Escudero explicó que se realizaron hasta seis borradores y que el protocolo definitivo se remitió el 25 de marzo. “Siempre se ha seguido el criterio clínico”, defendió.

Pero lo cierto es que el documento, como manifestó la oposición durante la sesión, no señala en ningún momento que se trate de un borrador y de hecho está firmado por el director general de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur. De hecho el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), advirtió por correo a Escudero (PP) que las directrices provocarían que “muchos residentes fallecieran de forma indigna” así como que “incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales”.

Así lo ha desvelado El País que cuenta que los mensajes, que no habrían tenido respuesta alguna, se produjeron el 22 de marzo después de que Reyero conociera que se pretendía excluir a los mayores con grado 3 de dependencia. El consejero de Sanidad, por su parte, asegura que la comunicación ha sido siempre fluida y ha criticado a su compañero: “No entiendo a qué responde este tipo de filtraciones de trabajo entre consejeros que forman parte de un mismo gobierno”.

Precisamente El Mundo ha publicado hoy una noticia con otra filtración, esta vez contra el consejero de Servicios Sociales, en la que señala que Reyero envió en al menos tres ocasiones los criterios de hospitalización de ancianos de la Comunidad de Madrid que ha criticado.

Turno de la justicia

Los juzgados serán ahora los encargados de analizar la actuación de la Guardia Civil. La Justicia ha admitido a trámite la denuncia de la Plataforma de Afectados por la Pandemia del COVID-19 contra el Hospital Infanta Cristina de Parla por supuestos delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro.

Una información de El Confidencial desveló cómo el centro tenía por escrito orden de no admitir a mayores de residencias: “Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital”. En base a esta orden una mujer de menos de 80 años fue devuelta a su centro asistencial con un cuadro de neumonía bilateral y probable COVID-19, falleciendo finalmente tres días después.

Los hechos se produjeron precisamente el 25 de marzo, día en el que el consejero de Sanidad afirma que se envió el protocolo final en el que supuestamente se instaba a una evaluación “individual, caso por caso” e independientemente de la edad.