Las ayudas sociales irán desde los 461 a los 1015 euros en función de los ingresos y el patrimonio de los solicitantes.
El Consejo de Ministros ha aprobado el ingreso mínimo vital que, calculan, beneficiará a 850.000 familias en nuestro país. Se trata de una medida histórica que protege a las familias más vulnerables y ayudará a reducir la pobreza más severa en los hogares con menos recursos económicos.
España era, hasta hoy, el único país de la eurozona sin un sistema de renta mínima estatal, teniendo a una de cada cinco personas en riesgo de pobreza (21,5%) y casi una de cada diez que vive por debajo del umbral de la pobreza severa (9,2%).
Estos datos convierten a nuestro país en el sexto con peores registros de los 28 que confirman la Unión Europea. Una cifra que alcanza la segunda peor posición cuando se contempla la tasa de pobreza en menores de edad (26,8), en la que solo nos supera Rumanía, con una tasa de un 32%.
Un país no prospera si deja de lado a una parte de la población. Hoy hemos aprobado en Consejo de Ministros el #IngresoMínimoVital, una medida histórica en nuestra democracia, un nuevo pilar de nuestro Estado del Bienestar que hará de España un país más justo y solidario.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 29, 2020
Para hacer frente a estas escandalosas cifras, el Gobierno ha aprobado hoy este ingreso mínimo vital que supondrá una inyección mínima de 461 euros para una sola persona y un máximo de 1.015 euros cuando en el hogar convivan varios adultos con varios niños a cargo.
La prestación dependerá en cada caso de la persona y las circunstancias económicas y familiares en las que viva y será igual a la diferencia entre la renta garantizada y los ingresos que ya tenga la persona o la unidad de convivencia.
Para estipular la cuantía de la ayuda, se realizará un “test de riqueza” a quien solicite la prestación, en el que se analizará el nivel de ingresos y patrimonio que tenga la persona demandante. Eso sí, el Gobierno ya ha anunciado que quedará exento de ese baremo la primera residencia “para evitar que haya personas que no puedan cobrar el ingreso por tener un piso en propiedad en el que residan”, explican desde el Ejecutivo nacional.
Fomentar el empleo
Esta prestación supondrá alrededor de 3.000 millones a la Seguridad Social y podrá compaginarse con las ayudas que ya den las Comunidades Autónomas a las rentas más bajas. Además, el ingreso mínimo vital será compatible con el empleo, siempre y cuando lo percibido por el mismo no supere el umbral de renta establecido como mínimo.
Con esta iniciativa se pretende, precisamente, incentivar el empleo, para que no suponga que al comenzar a trabajar, una persona tenga que renunciar a esta ayuda, teniendo así muchas veces que escoger entre la ayuda social o un trabajo precario. De hecho, si la persona solicitante se encuentra capacitada para desarrollar una actividad laboral, debe estar inscrito como demandante de empleo para solicitarla. Esa persona y todos los miembros de la unidad familiar en la misma situación.
Por poner un caso práctico, si una persona que vive sola con un hijo tuvo una media de ingresos durante el pasado año de 200 euros al mes, podrá solicitar la ayuda de 700 euros, 600 correspondientes al número de personas que viven en la vivienda y 100 euros más “extra” por ser familia monoparental. Por tanto, recibiría la diferencia entre ambas cantidades, es decir, 500 euros al mes.

















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