El Ayuntamiento de Pinto suspende los contratos con las escuelas infantiles ‘Triángulo’ y ‘Pimpollitos’

Durante el pleno extraordinario celebrado por el Ayuntamiento de Pinto de forma telemática el pasado 12 de mayo, la corporación acordó suspender los contratos con las escuelas infantiles ‘Triángulo’ y ‘Pimpollitos’. El punto, promovido por el Gobierno del PSOE, contó con el apoyo de PP, Unidas Pinto, Ciudadanos y del concejal no adscrito Fernando Oliver, así como con la abstención de Vox y Podemos. 

La rescisión se produce después de que la Comunidad de Madrid dejase de financiar la parte correspondiente de estos contratos hace ya dos meses. Pocos días después de que las escuelas infantiles y casas de niños de la región cerrasen el 11 de marzo por la pandemia del coronavirus, el Ejecutivo comunicó a los ayuntamientos la imposibilidad de prestar el servicio online y dejaron en sus manos la suspensión definitiva. Si bien la corporación ha intentado encontrar una solución con la que sí han dado otras localidades, los informes técnicos de Pinto han descartado la posibilidad de salvar los contratos de las empresas gestoras de 'Triángulo' y 'Pimpollitos'. No es el caso de 'Virgen de la Asunción', cuya titularidad es municipal.

Aunque todos los partidos reconocieron que no existía otra vía, sí echaron en cara al Gobierno haber tardado dos meses en suspender los contratos desde que la Comunidad de Madrid cerrase las escuelas. “Vamos tarde, muy tarde, podemos haber causado un grave perjuicio a las empresas”, valoró el portavoz del PP, Salomón Aguado, que aseguró que los técnicos siempre han mantenido la misma posición e incluso propusieron tratar el punto en el pleno ordinario del 13 de marzo. 

También criticó la tardanza el portavoz de Unidas Pinto, Rafael Sánchez, que recordó que la elaboración de los informes pertinentes se dilató hasta el 12 de abril. “No parece de recibo que se tardara tanto en realizar los informes cuando reunión tras reunión se nos decía que existía posibilidad de que pudieran realizar trabajos alternativos”. El edil afirmó que los trabajadores pedirán daños y perjuicios al Ayuntamiento de Pinto ya que la situación ha impedido que puedan acogerse a las medidas laborales implementadas por el Gobierno central para minimizar las consecuencias económicas de la crisis del COVID-19. 

La concejala de Educación, Toñi Soguero, reconoció ser consciente de las denuncias que presentarán los trabajadores: “Ya contamos con que nos lleven a los tribunales porque se ha incumplido”. Desde el Gobierno justificaron el retraso en su búsqueda de una alternativa a la suspensión, si bien garantizaron que esta se ha realizado “con informes jurídicos mejor argumentados que los que dicta la Comunidad de Madrid para que los trabajadores puedan acogerse a un ERTE con carácter retroactivo”. 

Rechazo a la suspensión de la financiación regional 

“La administración debe de hacer política basándose no solo en el marco legal que le ampara, sino también en aquello que beneficie a todos los ciudadanos”, aportó Miguel Maldonado, portavoz de Vox, sobre la actuación de la Comunidad de Madrid. También se mostró especialmente crítico el PSOE: “Era un compromiso de la Comunidad de Madrid el favorecer el acceso a la Educación Infantil promoviendo la gratuidad y no excluirla como ha hecho”, dijo Toñi Soguero sobre una decisión que considera “unilateral”.

Su intervención fue en la misma línea de la defendida por la Federación de Municipios de Madrid, que considera que el Gobierno regional “está haciendo dejación de funciones y deja a los ayuntamientos en una situación absolutamente precaria e insostenible en relación a los pagos, que de ninguna manera vamos a poder asumir”.  

Por su parte, desde la Consejería de Educación aseguran que “los convenios que mantenemos prohíben pagar si no se presta el servicio y la normativa de subvenciones prohíbe abonar los cheques guardería si los niños no permanecen de manera efectiva en las escuelas”. Para paliar esta situación, el Ejecutivo ha anunciado una inyección extraordinaria de 18 millones de euros para la Educación Infantil y ha abierto la posibilidad de modificar los convenios firmados con los ayuntamientos.