Suspenso

La gestión de la pandemia por las diferentes administraciones públicas competentes (es un decir) ha sido/es, por decirlo de forma suave, tan manifiestamente mejorable que ni siquiera la indigesta propaganda gubernamental ha conseguido adornarla. Porque la siniestra realidad que nadie puede ocultar es que España es uno de los países del mundo con más contagiados y más muertos (incluso sin contar los “no oficiales”) por COVID-19. Cierto que esta emergencia sanitaria ha cogido desprevenidos y con la guardia baja a todos los gobiernos que en el mundo son. Cierto que ninguno tenía experiencia alguna ante semejante adversidad. Pero igual de cierto es que hay países/gobiernos que han sabido gestionar con cierta eficiencia la catástrofe, minimizando daños y ahorrando muertos, mientras que otros se han visto desbordados por la pandemia. Entre estos últimos, desgraciadamente, está España.

Descubrir ahora que nuestros gobernantes –de izquierdas y derechas, nacionalistas e independentistas– no han estado a la altura de la sociedad que dirigen era previsible dados los mimbres de que se surten los partidos políticos. Hay excepciones, por supuesto, pero la sucesión de errores graves, la confusión y la impericia, unidos a la irresponsable falta de medios ha sido lo predominante en la gestión inicial de esta enorme tragedia que se ha cobrado ya más de 25.000 víctimas “oficiales” y provocado demoledores “daños colaterales” en economía, empleos y familias, poniendo patas arriba al país entero.

La universalidad de la amenaza no puede servir a los malos gobernantes como burladero tras el que escamotear su responsabilidad porque esto no sucede por casualidad ni por infortunio, tiene unas causas y es ineludible encontrarlas, reconocerlas y afrontarlas. Nos preguntamos por qué la pandemia ha impactado con más severidad en España (217.466 infectados y 25.264 muertos a 3 de mayo) que en otros países de nuestro entorno. Por qué tenemos muchos más infectados y más muertos que Alemania (165.666 infectados y 6.866 muertos a 3 de mayo), Noruega (7.847 y 211), Portugal (25.282 y 1.043) o Grecia (2.626 y 144). Y por qué ocurre esto en un país que ha adoptado el confinamiento –aunque tarde– y la reducción de libertades más estrictos de la UE. Las respuestas gubernamentales –“actuamos con prontitud”, “nadie sabía nada”, “unidos venceremos al enemigo”, “no es el miedo el que nos mantiene encerrados en nuestras casas, es el coraje”– no son más que un compendio de falacias retóricas que no explican la frialdad terrorífica de las consecuencias. Tampoco son digeribles las pseudoalabanzas oficiales al pueblo español, pues al mismo tiempo que ensalzan nuestro “comportamiento durante este confinamiento obligado”, ordenan a las fuerzas de seguridad poner multas a discreción –más de 700.000 hasta finales de abril, ¡qué barbaridad!– consiguiendo el triste récord de que los españoles seamos los ciudadanos del mundo occidental más sancionados por sus gobernantes.

Pero no solo habrá que pedir cuentas al gobierno de la nación, también los gobiernos regionales, de los que dependen las residencias de mayores que han acumulado más de la mitad total de los muertos, son responsables. El escándalo de lo que ha ocurrido en muchas de estas residencias de ancianos ha puesto al descubierto un agujero negro de nuestra sociedad y que en otras circunstancias debería haber provocado la caída de varios gobiernos autonómicos por incuria criminal.

Y, sin embargo, lejos de halagos hipócritas de costosos gobernantes, en este momento histórico de tragedia nacional el pueblo español ha vuelto a demostrar que está muy por encima de sus mediocres políticos (no, no es cierto que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece). En vanguardia de la crisis sanitaria sobresalen los miembros de una profesión vocacional siempre bien valorada por la sociedad y hoy merecidamente reconocida y exaltada con aplausos diarios. Pero cuando todo esto pase –que pasará– los gestores políticos seguirán repitiendo el mantra de que “tenemos la mejor sanidad del mundo” al mismo tiempo que la insuficiencia y precariedad de personal y medios harán cada vez más difícil aproximar la realidad al mantra.

Y tras los sanitarios, estamos asistiendo a ejemplos admirables por parte de personas y colectivos que se han volcado en auxiliar a sus conciudadanos. Asociaciones, empresas, organizaciones católicas de ayuda social, profesionales… han surgido por doquier y han sido y son esenciales para paliar los efectos mortíferos y destructivos de la pandemia. En lo que respecta a Pinto, San Martín de la Vega y Ciempozuelos, en este número se recogen muchas de las meritorias actuaciones de estas personas, empresas y colectivos locales.También lo que han hecho o dejado de hacer los respectivos equipos de gobierno. Los fondos locales destinados por cada ejecutivo a paliar la crisis –en relación a su escaso presupuesto municipal, precario en los casos de Ciempozuelos y San Martín– son un buen baremo del grado de compromiso de los diferentes ejecutivos. Las entrevistas con sus alcaldes, que reproducimos en páginas interiores, dejan bien claro cómo ha actuado cada quien en estos excepcionales momentos de tragedia colectiva y emergencia sanitaria, económica y social.

También, cuando todo esto amaine, a los gobernantes locales habrá que pedirles cuentas. Pero ahora lo prioritario es unir fuerzas entre todos para superar lo mejor posible el mortífero impacto del coronavirus y prepararse para paliar de la mejor manera posible sus consecuencias económicas y sociales. Este excepcional y decisivo momento histórico exige un plus de grandeza y solidaridad por parte de todos para dar lo mejor de nosotros mismos poniendo el foco preferente en los que más lo necesitan.