En el escrito, los técnicos señalan la necesidad de actualizar la normativa.

Cuatro entidades de Pinto no podrán disponer de los cerca de 6.000 euros que consiguieron en varios actos benéficos que celebraron en 2019. El Gobierno alegó que se trataba de un cambio de criterio técnico de la Secretaría General del Ayuntamiento de Pinto que les pilló por sorpresa, pero lo cierto es que el Ejecutivo era consciente de que no se estaban realizando correctamente este tipo de convenios.
El 19 de septiembre de 2019, semanas antes de que se celebrase el primer festival afectado, el secretario municipal emitió una circular interna en la que recordaba “la necesidad de adecuar dichos expedientes a la regulación de la Ley 40/2015”. Los técnicos enumeraron toda la documentación necesaria para que los convenios estuviesen correctamente cumplimentados, e incluso adjuntaron ejemplos del informe jurídico y la memoria justificativa necesarios.
Uno de los apartados señala específicamente la obligación de adjuntar informes técnicos, “especialmente” en los casos en los que “el convenio provoca cualquier gasto público, tales como uso de instalaciones públicas, suministros abonados por la entidad local, o gastos similares”. Precisamente ha sido el hecho de que la ordenanza municipal no regule específicamente la cesión gratuita del teatro municipal, cuya sola apertura tiene un coste establecido de 1.400 euros, la que ha generado el problema.


















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