No a la impunidad de los asesinatos en Santiago del Estero

Xavier Álvarez del Castillo, miembro del Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Universitat Politècnica de Catalunya, pide en este artículo que la Justicia argentina actúe contra el asesinato de un campesino en Santiago del Estero. Xavier fue la primera fuente directa que denunció en España “la fraudulenta utilización de los fondos de cooperación en la ayuda del Pinto español al Pinto argentino".

El día 16 de noviembre de este año, el ciudadano argentino Cristian Ferreyra, padre de familia, fue asesinado; Darío Godoy, de 26 años, fue gravemente herido y una tercera persona fue golpeada. Todos son miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina y del Movimiento Nacional Campesino Indígena y campesinos pertenecientes de la comunidad indígena Lule-Vilela.

Del crimen se conocen, el lugar, la fecha, el autor de los hechos, el arma homicida y también a los instigadores intelectuales, el productor sojero que contrató al asesino, entre otros. Se conoce también la cómplice “permisividad” del Gobierno de Santiago del Estero, las presiones que ha recibido la prensa para comunicar parcialmente los hechos y sus circunstancias político-sociales. De todo ello se tienen pruebas documentadas proporcionadas por fuentes fidedignas.

También se conoce el apoyo que una parte del Gobierno de la República Argentina da, en referencia a la política del terror y la violencia en la zona, al Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, al empresario de mayor influencia en la zona, al modelo agroindustrial depredador de biotopos y represor de los legítimos pobladores. Está demostrada la impunidad que tienen los asesinos armados por encargo o bajo la protección legal de desreguladas empresas de seguridad y la complicidad del poder judicial y de la policía provincial. De todo ello se tienen pruebas documentadas provenientes de fuentes fidedignas.

A su vez se tiene conocimiento de las complicidades entre empresarios sojeros y empresas de explotación forestal -en muchos casos fuera de la reglamentación de la nueva Ley de Bosques-, Gobierno Provincial, INAI y finalmente el Ministerio de Salud de Santiago del Estero, para hacer alargar procesalmente la ejecución del Programa Nacional de “Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas” (ejecución Ley Nº 26.160, Decreto 1.122) y en el proceso de regularización dominial del territorio tradicionalmente ocupado por Comunidades Indígenas en la Provincia, con los efectos perversos y criminales de los que hoy disfruta este territorio argentino y sus ciudadanos. De ello también se tienen pruebas documentadas provenientes de fuentes fidedignas.

Es nuestra obligación, convicción y compromiso, dar publicidad internacional de estos hechos, y denunciar en el sistema de Relatores y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas los detalles y documentos que relata el presente escrito. Lo cual se ejecutará en la mayor brevedad.

Instamos al Gobierno de la República a cumplir su obligación de proteger a la ciudadanía, especialmente a los miembros más desfavorecidos, como son las comunidades campesinas rurales y las comunidades indígenas, les instamos a cumplir los acuerdos internacionales que en materia de Derechos Humanos ha firmado el país.

Ver “Mocase denuncia un nuevo asesinato”.

Xavier Álvarez del Castillo es doctor ingeniero industrial y ocupa la Cátedra UNESCO en Sostenibilidad. Forma parte del Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Universitat Politècnica de Catalunya (Terrassa-Barcelona). Fue la primera fuente directa que denunció en España “la fraudulenta utilización de los fondos de cooperación en la ayuda del Pinto español al Pinto argentino".