El MOCASE denuncia un nuevo asesinato de campesinos en la provincia argentina de Santiago del Estero

“Crimen por encargo”

Según el relato del MOCASE, Cristian Ferreyra, de 23 años, y su cuñado Darío Godoy, de 26, habían ido a reclamar al peón del terrateniente sojero José Ciccioli que dejara de instalar postes para alambrar las tierras que unos y otros se disputan. La respuesta no se hizo esperar: “los hermanos Javier y Arturo Juárez, dos sicarios del empresario, irrumpieron más tarde en la casa de Ferreyra, lo mataron de un tiro de escopeta, hirieron de gravedad en los dos muslos a Godoy y golpearon a una tercera persona”.

Laura Ciccioli, hija del empresario sojero, brindó otra versión en ‘Perfil.com’.  "Lo que pasó es que esta gente (por el MOCASE) amenazó a un hombre con un arma blanca. Este fue a su casa y se vengó, así que no tenemos nada que ver".

La muerte de Ferreyra constituye el tercer asesinato de un campesino argentino que lucha por su tierra desde 2009. La noticia tuvo un fuerte impacto en la capital Buenos Aires, en la que organizaciones sindicales, sociales y humanitarias -entre ellas las Abuelas de la Plaza de Mayo- “repudiaron el asesinato”, según medios de comunicación de la capital, y pusieron en tela de juicio al gobernador santiagueño, el kirchnerista Gerardo Zamora, a quien los campesinos acusan de hacer oídos sordos a sus protestas.

Detenciones

Dos días después del crimen de Ferreyra, la Policía detuvo a cuatro empleados de Ciccioli. Uno de ellos es el presunto autor material y el otro, quien lo acompañó. La justicia también pidió la detención del empresario, que de momento se encuentra prófugo.

En 2009, otro terrateniente asesinó a un indígena calchaquí que ocupaba su presunta propiedad y en 2010 también otro campesino que defendía sus tierras resultó muerto, en este caso por la Policía.

Los empresarios sojeros

 “Antes vivíamos tranquilos en las tierras de nuestros antepasados”, cuenta Ricardo Cuéllar, que compartía con Ferreyra la militancia en el MOCASE y la pertenencia a la etnia indígena lule vilela. “Todo esto comenzó a cambiar a partir de 1995, sobre todo desde 2000, porque se vino la gran producción de soja y la ganadería en corrales”, explica Cuéllar.

Los lule vilela habitan tierras boscosas que con el tiempo comenzaron a ser codiciadas por terratenientes de otras provincias porque la soja transgénica podía plantarse sin problemas en esas zonas más áridas y, a su vez, la ganadería extensiva empezaba a reemplazarse por la intensiva, alimentada con harinas derivadas de esa oleaginosa o del maíz. Esos inversores compraban tierras fiscales y privadas en las que habían vivido generaciones de indígenas y otros campesinos. En 1996, en Santiago del Estero, 95.000 hectáreas estaban sembradas con soja, según el geógrafo Marcelo Giraud. En 2010, 1,1 millones de hectáreas.

En 2006 una ley nacional frenó los desalojos de pueblos originarios y al año siguiente otra legislación federal paralizó la deforestación de los llamados bosques nativos, pero en la práctica continúan las excepciones a ambas normas.

El delegado para la Pastoral Social y Derechos Humanos de la diócesis de Santiago del Estero, Sergio Lamberti, opinó que "este asesinato es una muestra cruenta y sangrienta de la escalada de violencia de la que son víctimas las comunidades indígenas y campesinas por parte de estos empresarios sojeros y de agronegocios, con el desalojo de familias enteras de los campos en los que sus antepasados han vivido desde tiempos ancestrales".

No a la impunidad de los asesinatos, por Xavier Álvarez.