El ex alcalde de Pinto Antonio Fernández, absuelto de varios delitos contra una ex trabajadora de Aserpinto

Antecedentes

El 1 de septiembre de 1999 Paloma Crespo fue contratada en Aserpinto como Técnico de Medio Ambiente por el entonces gerente de la empresa Fernando Abad, con quien tenía una relación de amistad. En enero de 2001 Abad es destituido de su puesto de gerente de la empresa municipal por el alcalde Antonio Fernández. El 11 de abril de ese año también es despedida Paloma, pero el Juzgado de lo Social nº 26 de Madrid declaró “improcedente” este despido y la trabajadora decidió reincorporarse a la empresa en vez de cobrar la indemnización, acogiéndose a esa prerrogativa que le permitía el Convenio que en ese momento estaba en vigor en Aserpinto. Paloma se reintegra el 27 de septiembre de 2001, hasta que el 18 del siguiente mes causa baja por enfermedad.

Pero el 7 de junio de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima el recurso de Aserpinto en lo relativo a que la opción entre indemnización o reingreso corresponde a la empresa, por lo que ésta opta el 19 de junio por despedir a la trabajadora. Casi un año después, en abril de 2003, Paloma interpone una querella por acoso laboral contra el presidente y los directivos de Aserpinto antes citados.

Acusaciones  

Paloma  denuncia  que los acusados le hicieron pasar por “un calvario de vejaciones”. Entre decenas de estas vejaciones, declara que Antonio Fernández le amenazó con “ee te va a hacer la vida imposible, no eres bienvenida en esta empresa, tú estás aquí de sobra, tu estancia en la empresa va a ser muy desagradable”. Que la entonces gerente de Aserpinto, Marta Sanchez, “dio instrucciones a los trabajadores para que se abstuvieran de dirigir la palabra o tener ningún contacto verbal conmigo, impidiendo que recibiera o realizara llamada telefónica alguna y me llamaba tía guarra”.  Que Yolanda Villar, directora de recursos humanos, le llamó “estúpida, imbécil, gilipollas, no te enteras de nada” y que “la iba a mandar con un grupo de discapacitados a que se encargue de la jardinería”. Y que F. Javier Gutiérrez, director financiero, “en varias ocasiones realizaba gestos con las manos, del tipo de pasar los dedos por el cuello o de colocar el dedo pulgar hacia abajo…”.

Sentencia nula

Aunque el ministerio fiscal pidió la libre absolución de todos los acusados, el Juzgado de Getafe emitió una sentencia el 31 de marzo de 2008 en la que condenaba a Antonio Fernández a 36.000 € de multa e inhabilitación de 24 meses por un delito de coacción. También condenaba a los otros tres acusados a una multa de 13.500 € y dos años de inhabilitación. Además los cuatro acusados debían indemnizar a Paloma con 4.000 € y hacerse cargo de las costas del juicio.

Esta sentencia fue declarada nula de pleno derecho por la Audiencia Superior de Madrid que en sentencia de 29 julio 2010 ordenó repetir el juicio con un nuevo magistrado.

Repetición del juicio y sentencia

Ahora, en sentencia de 24 noviembre, el ministerio fiscal reiteró la solicitud de libre absolución para todos los acusados y el Juzgado de lo Penal nº 1 de Getafe así lo dictaminó.  El Juzgado desmonta todas y cada una de las acusaciones de la denunciante, que “no quedan acreditadas”, dice, y da amparo al “derecho constitucional a la presunción de inocencia, que es la primera y principal garantía que el procedimiento penal otorga al ciudadano acusado”.

“Lo cierto -dice la sentencia- es que el relato de la denunciante no ha venido respaldado por una prueba lo suficientemente sólida como para enervar el derecho a la presunción de inocencia de los acusados”. “El soporte probatorio sobre el que se basan los supuestos hechos -continúa la sentencia- no pasa de ser mera declaración incriminatoria de la denunciante”. El magistrado incluso pone en cuestión “la credibilidad, que hay que cuestionar,” de los testigos aportados por la denunciante. También que a ésta le hubiese sido “muy sencillo acreditar determinadas pruebas”.

Finalmente, la sentencia afirma que “se evidencia un móvil espúreo” en la denuncia, puesto que “tardó un año y medio en denunciar” y que esta denuncia “se produce en abril de 2003, en las cercanías de las elecciones municipales a celebrar en el mes de mayo de dicho año, cuando la denunciante ha sido expulsada, a instancias del acusado, D. Antonio Fernández, del PSOE, éste se presenta como candidato y ella pertenece a otra fuerza política". El magistrado recalca en su sentencia que este "móvil político se hace más evidente si tenemos en cuenta que la denunciante se encarga de dar publicidad a la denuncia formulada contra el acusado, pues, pese a que lo negó en el juicio, quedó evidenciada su respuesta falsa cuando a instancia de uno de los letrados se le exhibió el folio 160 en donde en la revista local 'Punto y Aparte', bajo el titular: ‘Don Antonio Fernández, imputado por el Juzgado nº 5 de Instrucción’, se hace mención a una amplia entrevista dada por la denunciante a esta publicación local en su nº 12, en donde relataba su denuncia”.

La sentencia ahora emitida es susceptible de recurso ante la Audiencia Provincial por Paloma Crespo en un plazo de 10 días.

Antonio Fernández: Que Miriam Rabaneda (PP) y Juan josé Martín (PSOE) pidan disculpas

Tras la sentencia condenatoria de 2008, tanto la directora de recursos humanos como el director financiero de Aserpinto fueron despedidos por el Gobierno entonces presidido por Miriam Rabaneda (PP). Tras la moción de censura de diciembre de 2008, la alcaldía pasó a manos del socialista Juan José Martín, quien, según Fernández, “se había comprometido con los militantes socialistas a readmitir a los dos trabajadores despedidos injustamente, y más después de haber ganado un juicio en Magistratura por despido improcedente. Pero Juanjo incumplió la promesa”.

Ahora “yo pido -comentó Fernández- que tanto Miriam Rabaneda como Juan José Martín pidan disculpas públicas a estos trabajadores por los daños que les han causado, porque han dejado su imagen personal y profesional en entredicho durante bastante tiempo”.