¿Acceder a una vivienda digna y económica en España es un derecho?

Pues, categórica y rotundamente no. A pesar de que la Constitución de 1978 afirme alegremente que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho"… Incluso hace referencia a la gestión del suelo evitando la especulación. Vaya novedad, no hay ninguna norma urbanística redactada desde mediados del siglo XIX, tiempo de leyes de ensanches y saneamiento de las ciudades en las que aún pervivían las trazas medievales, donde no se recoja expresamente la voluntad de los gobiernos sucesivos de luchar denodadamente contra la especulación. Los nulos resultados de tan falsa intención están a la vista y los padecemos la inmensa mayoría de la población.

Ahora las Consejerías de Justicia y Vivienda se descuelgan con una carta fechada el pasado 21 de Noviembre de contenido vergonzoso, con la que pretende hacer partícipe a los Ayuntamientos y a las Fuerzas de Seguridad de los acuerdos tomados en una autodenominada Mesa de Vivienda y Okupación,  así con K, para que los ciudadanos delaten con prontitud los casos que conozcan o imaginen de ocupación ilegal de viviendas. El texto es radicalmente vergonzoso, insultante e inquisitorial para cualquier persona decente, ya que es misión principal de la Policía de cualquier país medianamente democrático garantizar la vida de las personas y tutelar sus bienes legalmente adquiridos, no hay que suplantar a nadie y menos tratar de convertir a los ciudadanos en chivatos.  La colaboración ciudadana es siempre deseable para promover la solidaridad y el apoyo mutuo, nunca para la delación.  Generalmente a la ocupación se llega por desesperación y las mafias, que las hay, se aprovechan de los desvalidos y del descuido de los propietarios, ya sean personas físicas o jurídicas.  Garantizar el uso y el negocio de los propietarios de viviendas sin sobresaltos es un derecho innegable, para ello existen normas e instituciones, que cada cual haga su trabajo. Básicamente de lo que se debería ocupar la autodenominada Mesa de Vivienda y Okupación y las Consejería aludidas, es de promover la construcción de nuevas viviendas de protección pública y de la buena gestión de las existentes, no malbaratándolas a los fondos buitres que inmediatamente intentan expulsar a los  humildes inquilinos, como hicieran con alegre desparpajo la funesta exalcaldesa de Madrid, la señora Botella y la muy  temible y cruel expresidenta de la Comunidad la señora Aguirre.

Aquí, en Pinto ha sucedido lo mismo que en el resto de la Comunidad, solo contamos con un mínimo parque de viviendas de protección pública, ciento diecisiete de un total de veintitrés mil doscientas, muy mal gestionadas por el Gobierno Autonómico que permite ocupaciones ilegales por la lentitud y desgana en su tramitación. Las últimas sesenta fueron construidas hace más de quince años, cuando dispone desde hace más de diez años de una parcela de veinticinco mil metros cuadrados destinados a ese uso, y que permitiría haber construido más de trescientas viviendas, ahora vuelven a anunciar de nuevo la construcción de algunos centenares sujetos a otro nuevo plan. Bienvenida sea la iniciativa, siempre que llegue a concretarse esta vez. No hay que olvidar nunca que las competencias sobre vivienda y específicamente sobre vivienda de protección pública fueron transferidas a la Comunidad de Madrid en el momento de su constitución. El Ayuntamiento de Pinto dispone de poco más de cincuenta, curiosamente treinta y dos de renta libre aunque incorporadas al parque de viviendas sociales y las últimas adquiridas hace diez años. El porcentaje de viviendas de gestión pública en nuestro país, nuestra comunidad y nuestro ayuntamiento comparado con cualquier otro país europeo es sospechosamente ridículo.

Otro tema en el que podrían  implicarse los agentes del gobierno autonómico competentes, sería el de propiciar la puesta en el mercado del parque de viviendas vacías, en concreto más  de mil seiscientas en nuestro municipio. No se trata de viviendas ocasionalmente vacías, ni segundas residencias, sino de viviendas desocupas a lo largo de años, a veces decenios. Los datos estadísticos catastrales nos indican que se acerca al veinte por ciento el número de viviendas permanentemente desocupadas en nuestro país. Otro dato sin parangón en el entorno europeo.

Y ya por último, aunque no lo menos importante sería intervenir en el mercado de renta libre, venta y alquileres, dada la condición de bien básico de la vivienda, impidiendo contratos abusivos, no solo por el coste del alquiler y  la escasísima duración, sino también por lo frecuente de las lamentables condiciones de las viviendas y espacios anexos.

Armonizar el derecho del común de las ciudadanas y ciudadanos a disponer de una vivienda digna y económica con el sacrosanto derecho a la propiedad individual es una tarea legislativa y de gobierno encomiable, y que de acertar evitaría las dramáticas situaciones cotidianas a las que se ven abocados multitud de  conciudadanos solos o con cargas familiares, familias monomarentales y con salarios y pensiones muy bajas.