Las familias ‘okupas’ de las viviendas sociales de Pinto siguen sin recibir ninguna solución

Siete familias en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social continúan viviendo de manera ilegal en las viviendas municipales del edificio del Paseo de Las Artes. Cuando en febrero de 2017 el Gobierno de Ganemos Pinto reguló el nuevo parque de viviendas sociales, incluyó los pisos de la ‘red de vivienda pública municipal’ en los que residían algunos vecinos desde 2014. A algunos de esos residentes, por la demora en el pago del alquiler durante años, se les notificó que el Ayuntamiento “no les prorrogaría el arrendamiento de la vivienda”.

Es la situación de Cristina*. El 14 de mayo de 2015, Cristina obtuvo por sorteo una de las viviendas municipales para vecinos con pocos recursos económicos. Ella y su pareja debían pagar 325 euros mensuales por el alquiler de un piso de 40 metros cuadrados y una habitación. Tras intentar él emprender como autónomo, pronto ambos se quedan en paro, llegando a ingresar algunos meses menos de 400 euros. Dejan de pagar el piso. En septiembre de 2017, Cristina recibe una carta en la que la informan que debido a la deuda de 5.839 euros que han acumulado por el impago del alquiler, el Ayuntamiento rescinde su contrato: deben abandonar la vivienda. Esta misma misiva se manda a todos los inquilinos del edificio con deudas. Algunos pueden pagar, otros no. Tras la indignación pública que surge por la denuncia de Zigzag informando de uno de estos casos -el de una madre en paro a cargo de tres hijos-, el 18 de abril de 2018 el Ayuntamiento ofrece a Cristina un acuerdo trampa: una prórroga de un año del contrato durante el que Cristina debe pagar, además de los 325 euros de alquiler, 75 euros mensuales para amortizar la deuda. Para Cristina, que se le hacían impagables los 325 euros, ahora, con un bebé, 400 son literalmente inasumibles.

Inevitablemente, el 13 de marzo de 2019 el Ayuntamiento de Pinto rompe la prórroga del contrato. Cristina y su familia ya son oficialmente okupas.

Sin salida | Si el Gobierno anterior no quiso encontrar una solución a Cristina, tampoco parece que hasta el momento el PSOE haya puesto sobre la mesa ninguna alternativa. La pareja está en la lista de espera del último sorteo que se realizó antes de la salida de Ganemos Pinto del gobierno para acceder al parque de viviendas sociales. “Pero nos han dicho que nuestra situación -con un bebé de 11 meses y sin ingresos fijos hasta que hace un mes su pareja encontrara empleo como conductor de VTC- no es lo suficientemente dramática para que nos vayan a conceder una de esas viviendas”, descubre Cristina.

Después de haber solicitado una reunión con la nueva concejala de Servicios Sociales, Antonia Soguero, Cristina cuenta que la ‘solución’ que les planteó la socialista fue continuar residiendo ilegalmente en la vivienda pero sí pagar “poco a poco” su deuda con el Ayuntamiento para que “vean que tenéis voluntad de pagar y en un tiempo igual podemos haceros un contrato”. Zigzag ha tratado de ponerse en contacto con Antonia Soguero para contrastar estas declaraciones pero, "por motivos de agenda", la concejala no puede atender a esta revista hasta el 14 de noviembre.

Ha hablado con Zigzag en su lugar, como portavoz de Gobierno, la concejala Lola Rodríguez. Rodríguez ha declarado que la solución para las familias ‘okupas’ de las viviendas municipales será tomada por el Observatorio de la Vivienda -en el que participan todos los grupos políticos y organizaciones como la PAH, Cruz Roja o Cáritas- pero que las opciones “pasan por pagar la deuda que tienen con el Ayuntamiento”. Sobre las declaraciones de los afectados, la portavoz expone que lo trasladado a Zigzag “no quiere decir que sea lo que está pasando realmente”.

Por otro lado, hace unas semanas el Ayuntamiento envió a la Policía Local a visitar las viviendas de los siete inquilinos que como Cristina viven de okupas en el edificio. “Nuestra trabajadora social nos ha dicho que el Ayuntamiento va a tomar acciones. Nos da miedo que terminen desahuciándonos de la casa”, confiesa Cristina. Según ha explicado Lola Rodríguez a este medio, la policía se personó en estos domicilios para identificar a las familias y verificar que están viviendo las mismas personas que en su día firmaron el contrato. “Cuando veamos los datos que nos ha trasladado la policía se trabajará para tomar la mejor solución posible”, dice.

Respecto a si el Gobierno prevé subsidiar a las familias a las que su situación económica no les permite pagar la deuda -como ya se ha hecho en otras situaciones de vulnerabilidad y necesidad con vecinos de Pinto-, Rodríguez se ha limitado a responder que además de estas “existen más familias con necesidades [habitacionales]”.

Ayuda | Todo este proceso ha sido una época dramática para Cristina, durante la que ha tenido que ingresar por varias crisis nerviosas, estar con medicación y acudir a los servicios públicos de psiquiatría. El ‘algo bueno’ de Cristina durante estos años ha sido la solidaridad de Pinto. Mientras que desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pinto les han ayudado económicamente en dos ocasiones con el pago de suministros, Cristina si ha encontrado amparo en Cáritas, Cruz Roja y los pinteños. “Cáritas y Cruz Roja nos han ayudado con alimentos y el pago de algunas facturas, también pedimos ayuda a través del grupo Yo soy de Pinto y los vecinos nos donaron cosas para el bebé. Estamos infinitamente agradecidos”, dice Cristina conmovida.

La cara más amarga de esta historia fue cuando a principios de este año Cristina volvió a quedarse embarazada. “Mi trabajadora social me dijo que en mi situación no era responsable tener otro bebé, que debía interrumpir mi embarazo. Me pasó un papel con el número de teléfono de la clínica a la que debía acudir. Yo no quería. Pero todas las veces que me reunía con ella me insistía en que debía hacerlo cuanto antes, para facilitar las cosas. Entre la medicación y las terapias estaba muy vulnerable. Así que lo hice. Me he sentido muy mal por lo que hice, pero la presión pudo conmigo”. A las 14 semanas, Cristina interrumpió su embarazo. Poco después consiguió un trabajo en una tienda de ropa de bebés que tuvo que abandonar: “la ansiedad era insoportable”.

Como hicieran otros usuarios de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pinto, Cristina y su marido no guardan buenos recuerdos de las trabajadoras sociales. “Nos han negado redactarnos escritos para acceder a bonos sociales o para agilizar las ayudas, me han dicho cosas como que estar sin gas en casa embarazada es el menor de mis problemas”. “He llegado a pensar que les daba asco”, confiesa Cristina. “Pedir ayuda no es un proceso agradable, no entiendo por qué tienen que tratarnos así”, añade su pareja.

*Se ha usado Cristina como seudónimo frente al nombre real de la víctima para proteger su privacidad y anonimato.