El vertedero de Pinto se enfrenta a multas de hasta 200.000 € por la falta de control de gases

El vertedero de Pinto continúa en el punto de mira y no solo por su recientemente anunciada ampliación. Esta semana se ha conocido que tras la denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción por las graves irregularidades en la planta de Biometanización de Pinto, la Mancomunidad del Sur podría enfrentarse a una multa que asciende a los 200.000 euros e incluso a la posible clausuración durante dos años de la instalación. 

El pasado 23 de septiembre la asociación ecologista presentó ante el Área de Disciplina Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid una denuncia contra la Mancomunidad del Sur por las continuas emisiones de los gases contaminantes CO, NOx y SOx que emanaban del vertedero de Pinto. 

La situación de estos gases se remonta al año 2007, cuando se implantó en la planta de Biometanización un sistema, denominado “de recuperación de calor” o “ciclo de cola”, que superó los 2.400.000 € de inversión, por el que la energía calorífica de los gases de combustión de la quema del biogás se aprovechaba para producir energía. Dos años después se implantaba también el sistema automático de medición de gases contaminantes. El problema, tal y como denunciaba Ecologistas en Acción, venía porque desde el año 2014 ambas instalaciones estaban "desmanteladas". Pinto lleva, por tanto, cinco años sin conocer la cantidad de gases que se emiten en su vertedero ni la peligrosidad de los mismos. 

Un mes después de que la ONG presentase esta denuncia, la Dirección General de Economía Circular ha informado del inicio del procedimiento sancionador. "Los hechos denunciados pueden ser constitutivos de una infracción grave, por incumplir las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada, así como por no tomar las medidas necesarias para volver a asegurar el cumplimiento para evitar accidentes o incidentes. Los hechos denunciados, además de vulnerar gravemente la Legislación Ambiental y de despilfarrar más de 2 millones de fondos públicos, podrían suponer un riesgo para la Seguridad, Salud y Calidad de Vida de los habitantes de las localidades cercanas", denuncian desde Ecologistas en Acción.