Derecho a la información

“La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”.

Esta declaración de intenciones es el preámbulo de la Ley de Transparencia que se puso en marcha en diciembre de 2013. El texto continúa asegurando que los países más transparentes son aquellos que “cuentan con instituciones más fuertes”. El párrafo está entrecomillado para respetar su autoría, aunque son afirmaciones que este medio suscribe al 100%. Pero lo cierto es que, como bien señala el refrán, del dicho al hecho va un trecho.

Zigzag ha querido comparar las retribuciones políticas aprobadas en los trece municipios de la Comunidad de Madrid con una población de entre 20.000 y 50.000 habitantes, lista a la que hemos sumado a San Martín de la Vega por pertenecer a nuestro ámbito informativo. Aunque la mayoría de los sueldos se aprobaron hace meses en las primeras sesiones ordinarias de las respectivas corporaciones, los datos no aparecen todavía en ninguno de sus portales de transparencia.

En los casos en los que la información no está ni siquiera publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, ha sido necesario contactar con los ayuntamientos. Si bien ningún Gobierno lo ha puesto fácil llama especialmente la atención el caso de Navalcarnero, que se ha negado en todo momento a facilitar la información completa. ¿La explicación? Se trata del ayuntamiento con mayor gasto político de los catorce analizados –tanto en miembros electos como en cargos de confianza- a pesar de contar con una deuda con los bancos de más de 106 millones de euros.

Este uso partidista e irresponsable de las instituciones es el culpable de que los ciudadanos perciban como excesivo cualquier sueldo político o el simple uso de cargos políticos, una figura útil que, sin embargo, ha sido objeto de enchufes de amigos y familiares. La opacidad de estos ayuntamientos demuestra la importancia de que exista una prensa libre, seria y plural que luche contra estos atropellos haciendo algo tan básico como informar. La existencia y puesta en valor de los medios de comunicación es la mejor garantía de que se cumpla el derecho a la información ciudadana que establece la Constitución.