El magistrado del caso Púnica asegura que el partido incluyó una cláusula en contratos públicos para desviar dinero.
La imputación de Esperanza Aguirre, expresidenta regional por el Partido Popular, ha destapado cómo se gestó la presunta financiación ilegal del partido entre los años 2006 y 2008. Según el magistrado del caso Púnica, el partido habría incluido una cláusula en los contratos para la construcción de hospitales y centros de salud que permitió desviar cerca de 3 millones de euros.
Las empresas debían abonar un 1% de la cantidad total en concepto de publicidad, siempre a través del empresario Horacio Mercado. En concreto, se pagaron 1.883.286 euros a través de los contratos de construcción y explotación de siete hospitales y otros 1.190.481 euros por otros hospitales y centros de salud en una decena de municipios.
Todos formaban parte del ‘Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007’ y entre ellos figura el centro de salud de San Martín de la Vega, cuya edificación culminó en mayo de 2007.
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