Los ayuntamientos podrán ahora invertir el superávit de cursos anteriores, si bien su aprobación definitiva todavía está en el aire.
La regla de gasto instaurada en 2013 por el entonces Gobierno del Partido Popular a través de la Ley de Administración Local podría tener sus días contados. El Ministerio de Hacienda y la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) han acordado flexibilizar la norma, si bien su aprobación no comenzaría a tramitarse antes de septiembre y está condicionada a que el PSOE consiga los apoyos suficientes para evitar la convocatoria de nuevas elecciones generales.
El acuerdo, en caso de formalizarse, dará mayor flexibilidad a las administraciones locales para invertir sus superávits presupuestarios, que hasta ahora debían destinarse en parte a rebajar deuda. También se ampliarían las condiciones de las inversiones financieramente sostenibles y el nivel de gasto computable, y se introduciría la posibilidad de aumentar ingresos a través de planes urbanísticos.
La norma, si bien sirvió para ayudar a los ayuntamientos a salir de la crisis económica, ha quedado obsoleta, especialmente para las administraciones que se encontraban en una buena situación financiera. Para el presidente de la FEMP, Abel Caballero, se trata de un acuerdo “histórico” que permitirá “una gran mejora de la gestión municipal” ya que “los gobiernos locales estarán menos limitados para elaborar y ejecutar unos presupuestos eficaces y para prestar mejores servicios a la ciudadanía”.
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