El concejal de Recursos Humanos culpa a la Comunidad de Madrid de no planificar correctamente los plazos de la convocatoria.
Ganemos Pinto ha salido al paso de las críticas del principal sindicato del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Pinto, EPS, por la renuncia del Gobierno a una subvención de 43.000 euros para la formación de los trabajadores municipales. “Los trabajadores hemos dejado de ser importantes, parece que los servicios se prestan por sí solos”, se lamentaba en un comunicado interno.
El concejal de Recursos Humanos, Daniel Santacruz, a petición de este medio, afirma que era “materialmente imposible” realizar todos los trámites necesarios para poner en marcha los cursos de formación. El edil hace una cronología del proceso y recuerda que el Consistorio tuvo conocimiento de la convocatoria de subvenciones el 29 de agosto a través del BOCM, aunque como apuntaba EPS la propuesta no se presentó a los sindicatos para su aprobación hasta el 10 de septiembre, dos días antes de que venciera el plazo de admisiones.
Finalmente el Gobierno mandó la solicitud a tiempo y recibió la comunicación de la concesión el 28 de septiembre. La Comunidad de Madrid envió el 18 de octubre una convocatoria de reunión para cerrar la aprobación definitiva tras lo que, en el caso de no haber renunciado, se remitirían las órdenes de concesión correspondientes para su firma. “Es decir, a fecha de hoy no se podrían haber iniciado los trámites para comenzar con el proceso”, se justifica Daniel Santacruz.
El responsable de Recursos Humanos insiste es que, a partir de su aprobación en la Junta de Gobierno Local, se tardarían unos 60 días “en el caso de no surgir problema alguno” hasta que finalizase el procedimiento de licitación de los cursos. “Eso supondría que las acciones formativas podrían comenzar no antes de la primera quincena de diciembre –prosigue el concejal-. Cabe recordar que estas acciones deben estar ejecutadas y justificadas antes del 31 de diciembre”.
Por todo ello Santacruz ha culpado de la pérdida de la subvención a la Comunidad de Madrid porque “debería de tener en cuenta los problemas de planificación a la hora de realizar la convocatoria y de fijar los plazos que se dan a las entidades locales y a sus propios organismos”.
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