El pasado viernes tuvo lugar en el municipio de Rivas Vaciamadrid la primera reunión de una mesa de trabajo compuesta por los concejales de Medio Ambiente de los Madrid, Pinto, Getafe y Rivas. El propósito de esta mesa, según ha explicado el Ejecutivo pinteño, es “perfilar una estrategia común en el control de emisiones provenientes de la industria de gestión de residuos, localizada principalmente en el sureste de Madrid”.
A la reunión, presidida por Inés Sabanés, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, asistieron el concejal de Ecología y Modelo de Ciudad de Pinto, Raúl Sánchez, así como los concejales de Medio Ambiente de Rivas y Getafe y representantes de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM), además de varios vecinos y vecinas.
Como primera medida, la mesa acordó exigir al Canal de Isabel II y a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid “que acompañen y ayuden a los municipios afectados en la identificación y control de emisión de olores, procedentes de los centros de tratamiento situados en la periferia de la capital”.
También se analizó el origen de los malos olores durante este verano que no fueron detectados hasta el 9 de septiembre gracias a la actuación de la Asociación de vecinos del Ensanche de Vallecas.
Resulta que la causa de la peste que tuvieron que soportar decenas de miles de ciudadanos de estos municipios, y de manera especial los pinteños, fue un “acopio de lodos desecados y compactados”, en la planta Las Torrecillas, próxima a Valdemingómez. Estos lodos expuestos al aire libre, con las altas temperaturas del verano generaron un proceso termoquímico.
Ante semejante negligencia por parte de la empresa que negocia con los lodos, sorprende la suavidad con que tratan el asunto los componentes de la mesa en su primera nota de prensa. Se limitan a pedirle al “gobierno autonómico que se sume a la estrategia de los municipios afectados con el fin de redactar una normativa regional para el control y mantenimiento sostenible de estas infraestructuras y la mejora de la calidad de vida en aquellas zonas urbanas próximas a vertederos, depuradoras, incineradoras, plantas de compostaje o instalaciones de biometanización”.
La empresa que produjo la contaminación odorífera sabía lo que estaba haciendo, sabía también los graves perjuicios que causaba a decenas de miles de personas, pero las administraciones responsables -Comunidad de Madrid y ayuntamientos- nada nos dicen de alguna actuación contundente y ejemplar contra esta empresa.
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