El Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 7 de julio, el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a deudores hipotecarios, control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales. Este Real Decreto habilita la puesta en marcha de una línea de crédito del ICO, dotada con 3.400 millones de euros, que permitirá a los ayuntamientos el pago de las deudas que tienen contraídas con pequeñas empresas y autónomos.
El procedimiento es el siguiente: las entidades locales deberán solicitar al ICO antes del 1 de diciembre de 2011 la aceptación para poder tener acceso a esta línea. En caso de aprobarse, los entes locales podrán solicitar la deuda que tienen contraída con autónomos y empresas de menos de 250 trabajadores hasta un máximo del 25% del importe anual que cada municipio recibe del Estado, contemplándose un plazo de tres años para cancelar este crédito concedido.
Según la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), “la deuda de las administraciones públicas con los autónomos se cifra en torno a los 13.300 millones de euros, de los que en torno al 80% es de los ayuntamientos”. Por ello, señala Lorenzo Amor, presidente de ATA , “dado que esta línea únicamente va a estar dotada con 3.400 millones de euros, va a ser como un caramelo en la puerta de un colegio”.
Si bien, “a pesar de que esta línea llega tarde -comentan desde ATA- y son más de 250.000 los autónomos y microempresas que se han visto obligados a cerrar por culpa de la morosidad va a ser un alivio en el vendaval económico en el que está inmersa nuestra economía”. Se pide que los ayuntamientos “prioricen el pago de los pequeños importes, dado que, por ejemplo, la liquidación de una factura de 50.000 euros a una pequeña empresa o a un autónomo le salva y le permite mantenerse mientras que ese efecto se ve más diluido en una empresa de mayores dimensiones”.
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