Si no había suficiente con la injusta Ley de Administración Local, la Comunidad de Madrid ha dado un nuevo paso en la asfixia que sufren las administraciones locales. A partir del 1 de enero de 2018 el Gobierno regional dejará de subvencionar el 65% de la teleasistencia para personas en situación de dependencia no reconocida. Serán los ayuntamientos los que deberán asumir el coste total de este servicio tan necesario y reclamado por los ciudadanos.
El Ayuntamiento de Pinto, que ha calificado esta medida como “injusta”, iniciará una ronda de contactos para crear una mesa de trabajo que estudie una alternativa viable. Todo un acierto si el grupo consigue elaborar propuestas reales que trasciendan más allá de la foto, es decir, lo contrario a lo que ha acabado ocurriendo con las reuniones de los municipios “afectados” por la línea C3.
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