Pedro Torrejón, portavoz de Ciudadanos por Ciempozuelos (CPCI)

Después de dos años de instrucción, ¿cómo está su encausamiento?
Prácticamente como al principio. Desde abril de 2007 sólo ha habido una instrucción: la declaración César Pérez, un empleado del banco andorrano que había dicho en su día, falsamente, que Joaquín y yo esperábamos recibir 1.800.000 € de comisiones, lo que fue determinante, según el juez, para enviarnos a prisión. Pero el empleado ahora se ha retractado. El juez ha pedido también una nueva prueba que es la apertura de una caja del banco de Andorra.

Entonces, sí se ha avanzado.

Mire, después de tantos registros de mi domicilio, de mis cuentas desde los años setenta… no han encontrado nada. Solo había una conjetura de un juez –hoy un cargo politico–, que ha recibido un cargo por parte del PP. Parece razonable que después de dos años de instrucción y de la declaración del que el juez consideraba el testigo principal, se cierre ya el sumario y nos acusen de algo. Y eso es lo que hemos pedido: el cierre del sumario, pero nos lo han denegado.
¿En qué le afecta que el sumario siga abierto?
Hombre, creo que una instrucción alargada en el tiempo y escasa de actuaciones provoca indefensión. Lo que pido es que se me acuse de una vez. Mire, no hay ninguna prueba que justifique el auto del juez que nos impuso una fianza de 900.000 euros a cada uno. Alguien necesitaba que hubiera un alcalde del PSOE en la cárcel. Después de muchas ayudas de familiares y amigos tuve que depositar el valor del doble de la fianza en inmuebles, 1.800.000 euros, que al estar bloqueados producen graves problemas económicos a los que me han avalado.

Cambiando de tercio, hace dos años usted era alcalde de Ciempozuelos, ¿cómo dejó el Ayuntamiento?
Con una serie de proyectos ejecutados y otros planificados… Cogimos el Ayuntamiento en 2003 con una deuda del PP de 23 millones de euros. Cuando yo dejé el Ayuntamiento ya habíamos rebajado en 12 millones de euros esa deuda y el resto estaba renegociado. Además, en el banco dejamos 16,5 millones de euros y el Ayuntamiento saneado, lo que fue certificado por intervención. El municipio había mejorado visiblemente en su calidad de vida y en su aspecto, y esto lo percibían los ciudadanos.

Y ahora ¿cómo ve usted el municipio?
El Gobierno actual del PP, que está en minoría como lo estábamos nosotros en la anterior legislatura, necesita clarificar la política municipal que quiere seguir. Sin duda existen dificultades económicas con esta crisis, pero es necesario gestionar bien los recursos humanos y económicos que tenemos, priorizando en gasto social y ayudas a las familias, actuando siempre en base a las necesidades de nuestros vecinos. Desde Ciudadanos por Ciempozuelos (CPCI) siempre tendremos una mano tendida para trabajar en la mejora de las condiciones de vida de nuestros vecinos.

CPCI, del que usted es su portavoz, tiene dos concejales. ¿Qué proponen ustedes para mejorar Ciempozuelos?
Nosotros tenemos un proyecto de ciudad que, básicamente, es una continuidad del trabajo que mi equipo local venía ejecutando en la pasada legislatura. Ese proyecto está en el programa que presentamos a las elecciones y que para no?sotros es un contrato, un compromiso con los ciudadanos de Ciempozuelos. Estamos dando ideas y queremos sentarnos con todos para hablar de las mejores soluciones para que nuestro pueblo y los ciempozueleños podamos superar lo mejor posible esta etapa de crisis económica grave y profunda.

El “Caso Ciempozuelos”
Este mes se cumplen dos años del “mayor caso de corrupción urbanística de España”, como lo denominó la presidenta regional Esperanza Aguirre durante la campaña de las elecciones municipales y regionales de 2007. Un “caso” que costó la alcaldía a Pedro Torrejón, entonces militante del PSOE, y que pasadas esas elecciones se ha desinflado definitivamente.

Después de dos años de instrucción, ni siquiera se ha abierto juicio contra los dos encausados, los ex alcaldes socialistas, Joaquín Tejeiro y Pedro Torrejón. Si algo está claro hoy es que el “caso Ciempozuelos”, tal como se nos presentó, es un caso de falsa corrupción, pues en tan largo periodo de tiempo no se ha podido demostrar ningún tipo de comisión urbanística.

Por el contrario, sí que se ha evidenciado que el entonces juez instructor de Valdemoro, Agustín Carretero, dejó la judicatura por un puesto en el Gobierno regional del PP. El juez Carretero, que envió a los dos ex alcaldes a la cárcel en 2006 imponiéndoles una fianza tan exorbitante como atípica (900.000 euros a cada uno), tras las elecciones regionales de 2007 dejó la judicatura y entró a formar parte como Director General de Política Interior en el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP). El 17 de julio de este año, la presidenta regional nombró a Carretero gerente de la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid.

Otra evidencia de este “caso” es la denuncia y utilización torticera que hizo “Manos Limpias”, un pseudosindicato, dirigido por Miguel Bernard, ex líder de la fascista Fuerza Nueva. Como publicamos en esta revista en el número de septiembre, este “sindicato” ha sido denunciado por la Guardia Civil por estar implicado en el cobro de comisiones. Uno de los comisionistas amigos de Bernard se ha visto favorecido en el nuevo Plan General de Ciempozuelos aprobado por la Comunidad el pasado 3 de julio.