La prioridad de este servicio municipal es evitar el corte de suministros básicos en personas que están pasando dificultades económicas, con el fin de impedir el riesgo de exclusión social.
El Ayuntamiento de Pinto ha puesto en marcha la Oficina de Pobreza Energética, un nuevo organismo que ayudará a los vecinos en situación de pobreza energética, que no puedan asumir sus facturas de electricidad, a buscar soluciones. La prioridad es evitar el corte de suministros básicos en personas que están pasando dificultades económicas, con el fin de impedir el riesgo de exclusión social.
Las concejalías de Vivienda y Derechos Sociales colaboran juntas en esta nueva oficina. Desde Servicios Sociales se derivan los casos de riesgo -como familias amenazadas con cortes de suministro eléctrico por impagos- a Vivienda, donde se encargan de intermediar con las compañías y ofrecerles alternativas para abordar la deuda a través de un plan de pagos.
Pero además, los técnicos municipales también se encargan de revisar los contratos de los vecinos con las compañías eléctricas para evitar posibles sobrecontrataciones, asesorándoles para reducir la tarifa a una adecuada a las exigencias energéticas de la vivienda. “Buscamos crear una cultura de economización de la energía”, explican los técnicos, asesorándoles con pequeños gestos “como acostumbrarse a usar los aparatos eléctricos en las franjas horarias más baratas”.
Otra de las acciones llevadas a cabo por la oficina es detectar si la familia puede acogerse al “bono social”, una tarifa de electricidad destinada a personas con dificultades para pagar la factura de la luz. Para acogerse, la potencia contratada en la vivienda ha de ser inferior a 3kW, los residentes debe ser familia numerosa, estar todos en paro o percibir el solicitante una pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente o viudedad. Un pequeño alivio que puede rondar los 200€ de ahorro anuales que muchas familias no solicitan por desconocimiento.
Un paso más | Paralelamente, desde Servicios Sociales se facilitan ayudas económicas para afrontar la cobertura de necesidades básicas y el pago de suministros. También el Canal de Isabel II también tiene previstos bonos para familias en situación de vulnerabilidad, pensionistas, jubilados y desempleados.
Otros Ayuntamientos también han ampliado la protección de las familias con menos recursos llegando a protocolos de colaboración con compañías de gas, que evite los cortes de este suministro, creando también servicios de orientación valoración individualizada y acorde con la situación del afectado.
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