Una familia lleva de okupa desde enero en las viviendas del Ayuntamiento de Pinto

J. y S. también son residentes desde 2013 de las viviendas municipales del Paseo de las Artes que arrendó el Ayuntamiento de Pinto. Residentes ilegales, ya desde el 31 de enero de 2017 J., S. y su hija de tres años viven como okupas después de que el Ayuntamiento rescindiera su contrato de alquiler y decidiera no prorrogarlo por tener una deuda reconocida con el Consistorio.

Al igual que pasó con MDG, Ganemos comunicó a través del mismo modelo de carta que su casa dejaba de ser suya. “No nos han echado, pero nos tienen en una situación irregular”, expone la pareja advirtiendo que “antes de que esto pasara enviamos varios escritos al Ayuntamiento en los que reconocíamos la deuda que estábamos generando pero nadie nos contestó”. J. y s. están en paro y no pueden asumir los 375 de alquiler mensuales de la vivienda. “Nadie se ha puesto en contacto conmigo para buscar una solución a la situación que llevo viviendo desde enero de este año y ahora me entero de que hay personas en mi misma situación a las que se las ha atendido sólo porque el caso ha trascendido a la prensa”, expone con impotencia J.

Preguntada al respecto de este nuevo caso, la concejala de Servicios Sociales, Tania Espada ha declarado que se reunió “personalmente” con esta pareja “para ver qué podían hacer”. “Llevamos un año y medio buscando soluciones para estas familias”, ha dicho Espada  lamentando “no poder dar más información por un tema de protección de datos”. Un año y medio en el que Ganemos Pinto no ha conseguido dar con la solución, empujando a estas familias a la ocupación ilegal.  

Precisamente, el viernes 7 de abril, el Ayuntamiento de Pinto emitió una nota de prensa a raíz de la noticia publicada por Zigzag en la que informaban de que “existe una serie de personas que residen en viviendas municipales a las que no se les puede renovar el contrato actual debido a que no han satisfecho de forma reiterada el alquiler pactado y, por ley, no podría prorrogarse ese contrato debido a la deuda que han contraído", confirmando que “ninguna familia dejará una vivienda municipal para irse a la calle”. Además, el Ayuntamiento dijo que “ya ha mantenido reuniones con los ocupantes de los inmuebles afectados” y que buscará “la fórmula adecuada para garantizarles un hogar sin vulnerar la ley”.

Una decisión que llega de nuevo tarde, pues esta familia lleva más de dos meses en situación irregular sin que el Gobierno se haya puesto en contacto con ellos para buscar ninguna solución, y que no se ajusta a la realidad. “Por boca de ellos no sé si me van a echar o no”, dice J, “mientras que Servicios Sociales ya me advirtió que no podría acceder al sorteo de nuevas viviendas sociales en Pinto, debido a mis impagos”.