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Ambos ceden y reciben, lo que no ocurrió con Pinto

Fuenlabrada y Móstoles modifican sus términos municipales

Martes, 17 de Mayo de 2016 Tiempo de lectura:

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado un decreto de alteración de los términos municipales de Fuenlabrada y Móstoles a través de la mutua segregación de terrenos de ambas localidades. Algo muy distinto al despojo que sufrió Pinto en 1993.

[Img #14489]Esta aprobación culmina un proceso que Fuenloabrada y Móstoles comenzaron de mutuo acuerdo en 2014 debido a la discrepancia existente entre la línea jurisdiccional que constaba en las Actas de Deslinde -levantadas por el Instituto Geográfico Nacional en los años 1959 y 1990- y la dibujada en el Catastro y la cartografía oficial de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, resultante de los Planes de Ordenación aprobados por ambos municipios.

Para normalizar esta situación, Móstoles y Fuenlabrada ratificaron en sus respectivos Plenos municipales un Protocolo de Colaboración que establecía los terrenos a segregar por cada una de las dos localidades, teniendo en cuenta las zonas urbanizadas que ya existían y los límites naturales marcados por las carreteras M-506 y R-5.

En virtud de ese acuerdo, que hoy ha recibido el visto bueno del Consejo de Gobierno, Fuenlabrada segrega una parcela de 189.010 metros cuadrados que se incorpora a Móstoles y que incluye los bloques de la calle Niza y parte de los Polígonos de Prado Regordoño y Fuensanta. Por su parte, Móstoles cede 272.055 metros cuadrados situados junto al Polígono Fuensanta y en el barrio de Loranca-Ciudad Jardín.

El caso de Pinto | El último gobierno de Izquierda Unida en Pinto, en 1993, aprobó  una amputación que cercenó para siempre 35 hectáreas de terreno industrial de Pinto en el polígono Cobo Calleja cedidas a Fuenlabrada sin ninguna compensación.

La fechoría, que supuso una significativa pérdida de ingresos por impuestos (unos 300.000 € de hoy), se aprobó por mayoría en el Pleno Extraordinario del 1 de octubre de 1993. Nunca antes ni después el órgano democrático representativo de todos los pinteños tomó una decisión tan desleal y contraria a los verdaderos intereses del conjunto de ciudadanos.

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