Sabido es que la situación económica de los ayuntamientos es, en general, muy mala debido a varias causas: la crisis económica, políticas populistas, despilfarro y en varios casos a que también dan a los ciudadanos más servicios de los que están obligados. Entre los ayuntamientos de nuestro entorno destaca con especial énfasis la gravedad económica a la que se enfrenta el Ayuntamiento de Parla. Este municipio no para de recibir malas noticias. Según el diario ABC, el Juzgado nº 19 de Madrid ha decidido embargar al Ayuntamiento de Parla por valor de 4 millones de euros. Se trata de la primera vez que la justicia confisca propiedades de un municipio por falta de pagos a proveedores.
Según informa ABC, la decisión de la Justicia viene motivada por la deuda que dejó el anterior alcalde y actual secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, con la empresa Servidrive SL, que tenía adjudicada la gestión de las instalaciones deportivas del municipio. Esta empresa llevó a los tribunales al Ayuntamiento de Parla a principios de 2009 por un impago de 4,1 millones de euros en facturas correspondientes a los años 2007 y 2008. Un año después, la Justicia le dio la razón y condenó al Ayuntamiento a pagar esos los 4,1 millones de euros más intereses de demora. Durante un año más los responsables municipales hicieron caso omiso de la sentencia, por lo que el pasado mes de febrero el mismo Juzgado volvió a emitir otro auto obligando al Consistorio a cumplir esa sentencia por la vía de la ejecución forzosa.
Tras este segundo aviso, el Ayuntamiento pagó unos 780.000 € a la empresa. Al mes siguiente, en marzo de este año, el juzgado recordó al Ayuntamiento que le restaban por pagar 3,3 millones de euros de la deuda principal, más 644.000 euros de intereses. Además, le instó a explicar a la empresa cómo y cuándo pensaba pagarlos.
Tras cuatro meses sin ninguna respuesta por parte de los responsables municipales, el juez decidió a finales de julio ordenar la ejecución —contra la que «no cabe recurso alguno»— por valor de los 4 millones de euros que siguen pendientes de pago. Ese mismo día, además, el secretario judicial instó a la interventora municipal a que en el plazo de dos semanas aportara una relación de bienes patrimoniales del municipio que pudieran ser susceptibles de embargo por dicha cantidad. “El juez deja claro en el auto, comenta ABC, que los bienes requisados no pueden afectar al servicio público que el Ayuntamiento presta a los vecinos de Parla, pero sí a terrenos, edificios o cualquier otro patrimonio municipal”.
“No hay embargo en firme”, según el Gobierno parleño
El Ayuntamiento de Parla ha desmentido que la Justicia le haya embargado cuatro millones de euros por una deuda con la empresa Servidrive SL, ya que aseguran que no hay ningún embargo en firme porque el procedimiento se encuentra en estos momentos en periodo de alegaciones.
A día de hoy -señalan fuentes municipales- "los servicios jurídicos del Consistorio están efectuando las alegaciones pertinentes" según marca el procedimiento, por lo que recalcan que el Juzgado "no ha emitido ningún embargo en firme".
Desde el Ayuntamiento han manifestado que ahora el juez debe valorar estas alegaciones antes de llegar a embargar y han expresado su disposición y su colaboración con la empresa Servidrive SL, con la que se encuentran en conversaciones para fijar el calendario de pagos para hacer frente a las cantidades pendientes, que rondan los mencionados cuatro millones de euros.
Otras deudas importantes del Ayuntamiento de Parla
Además de multitud de proveedores que llevan años sin cobrar, hay dos cuyo importe es desorbitado. Concretamente, la empresa Valoriza SL, que se ocupa de la recogida de basura, y a la que según ha reconocido el alcalde José Mª Fraile se le deben 80 millones de euros, y la empresa Tranvía de Parla SA.
En el caso del tranvía, la deuda es todavía mayor. El tranvía supuso una inversión para la empresa concesionaria de 130 millones de euros. Este transporte comunica el casco urbano de la localidad con los nuevos desarrollos de Parla Este, un consorcio urbanístico formado por la Comunidad de Madrid (55%) y el Consistorio parleño (45%). Este consorcio aportó 44 millones de euros, procedentes de los beneficios derivados del desarrollo del suelo, para laconstrucción de la línea del tranvía. El Ayuntamiento se comprometió a abonar los 88 millones de euros restantes hasta el año 2037, así como una compensación por explotación en concepto de “tranvía por kilómetro” durante los cinco primeros años.
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