Política, gestión y autonomía financiera

Es tan cierto que hay acciones de gobierno que no dependen de los medios materiales sino de las ganas de trabajar y de las prioridades que se establezcan, como que otras muchas acciones son imposibles de llevar a cabo sin unas finanzas que las hagan posibles.

Los casos de Ciempozuelos y San Martín de la Vega son bien elocuentes. Ambos municipios tienen unas finanzas enclenques y una deuda pública importante que limitan, y mucho, las posibilidades de gestión. Por ejemplo, es muy difícil que ambos municipios puedan bajar impuestos, porque su problema principal es que la recaudación ordinaria apenas llega para hacer frente a los pagos ordinarios, lo que les limita hacer inversiones o reducir deuda.

Este círculo diabólico no puede cortarse con una subida de impuestos, tasas y precios públicos de ninguna manera, puesto que la presión fiscal en España es excesiva para las clases trabajadoras en relación a la renta disponible. El círculo hay que romperlo de una vez por todas exigiendo una mejor distribución del presupuesto nacional, es decir, que los ayuntamientos, que son los que mejor conocen, tratan y se preocupan de los problemas reales de sus vecinos, tengan una participación más alta en estos presupuestos.

La gran descentralización que ha conocido España desde la reinstauración de la democracia ha recaído principalmente en las comunidades autónomas, que son las que se llevan la parte del león de la financiación, mientras que se ha marginado a los actores principales, los ayuntamientos, que dan servicios públicos sin los recursos financieros correspondientes. Pero son los ayuntamientos -y no las comunidades autónomas y menos todavía la de Madrid que ha sido una creación artificial- quienes más reconocimientos tienen por parte de sus ciudadanos. Sin embargo, la participación de los ayuntamientos en el presupuesto nacional ronda entre el 13 y el 15%, mientras que la media en los municipios de la Unión Europea es de más del doble. Otro dato: mientras los municipios españoles autofinancian con más del 50% de sus presupuestos los servicios públicos que prestan, la media de los municipios europeos es del 35%.

Por tanto, sin dejar de poner el acento en la austeridad y en la optimización de los recursos públicos municipales, es hora de que los partidos políticos -principales responsables de esta situación- pongan fin a esta injusticia en el reparto de los recursos económicos del Estado.

Mientras la Comunidad y el Estado tienen miles de asesores, organismos inútiles o inflados, etc, los equipos de gobierno de  Ciempozuelos y San Martín se han bajado el sueldo -en el caso de Ciempozuelos hasta límites excesivos y además sin asesores y cargos de confianza-. Seguir por este camino es poner en riesgo la calidad de los servicios municipales. Basta de demagogia: los ayuntamientos son las únicas instituciones austeras de España -aunque haya excepciones- y por ello deben tener más recursos que las comunidades, al menos en nuestro ámbito madrileño. Y esta es una reivindicación en la que todos los municipalistas deberíamos unirnos sin distinción de colores por el bien de nuestros vecinos.  Aunque sepamos que pedir esto a los partidos políticos, hoy por hoy  es pedir peras al olmo.