Fin del falso ‘caso Ciempozuelos’

Ocho años y medio después de saltar a los medios de comunicación el llamado ‘caso Ciempozuelos’, la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid ha puesto fin de forma contundente al montaje político urdido por el Partido Popular de Madrid, con Francisco Granados -hoy en la cárcel- a la cabeza, secundado por la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre para quien este era “el mayor caso de corrupción de la historia de España” y la demostración de “la corrupción del PSOE”. Pues bien, el tribunal absuelve de todos los cargos a los dos ex alcaldes socialistas  imputados -Joaquín Tejeiro y Pedro Torrejón (líder de CPCI desde 2007)- así como a otros 13 imputados, además de 25 compañías también imputadas.

El ‘contrato’. En abril de 2006 Joaquín Tejeiro (ex alcalde socialista de Ciempozuelos, 1979-1987 y 1991-1995) envía un contrato al banco andorrano Andbanc desde el fax de la casa de Pedro Torrejón, entonces alcalde socialista de Ciempozuelos. En ese contrato, Tejeiro dice que percibirá una comisión de hasta 40 millones de euros por recalificaciones de terrenos. Como dice la sentencia, “el contrato permaneció durante meses en un cajón de un cargo policial” hasta que le llega al PP y  este partido decide usarlo políticamente contra el PSOE. “De este contrato nació la presente causa”, señala el tribunal.

 Pero resulta que desde el principio de la instrucción quedó acreditado que el contrato era falso, una invención de Joaquín Tejeiro para mostrar solvencia ante el banco andorrano, pues la firma del empresario que supuestamente le daría los 40 millones de euros fue falsificada por el propio Tejeiro. Como dice la sentencia, “el tribunal entiende que el contrato no existió y que fue pura invención de Tejeiro”. Ya con anterioridad a esta sentencia, la Audiencia Provincial había sobreseído las diligencias en lo relativo a este pretendido contrato (auto del 21-06-2012) por entender que la firma de la otra parte contratante había sido falsificada por Tejeiro, como así reconoció éste desde el inicio del procedimiento y demostraron dos informes periciales.

O sea que el pretexto para iniciar el ‘caso Ciempozuelos’ fue un contrato falso hecho por una persona consigo misma, en el que establecía una alucinante comisión de 40 millones de euros imposible de pagar por empresa alguna en Ciempozuelos y además, como dice la sentencia, “no se ven claras las razones por las que Esprode debía pagar una cantidad de dinero exorbitante por cobrar una ventaja que ya tenía” y “un contrato con tanto dinero por medio se encarga a un abogado y, desde luego, no se redacta de esa forma”.

Además de lo señalado, la sentencia constata que el contrato “original no ha aparecido por parte alguna, ni entre los papeles de Torrejón ni entre los de Tejeiro ni, pese a lo exhaustivo de los registros, en la documentación y soportes informáticos ocupados a Esprode. No es posible que, si las partes hubieran reflejado en el contrato intereses y prestaciones reales tan sustanciosas, un contrato, que se dice firmado por duplicado, no aparezca por parte alguna”.

Irresponsabilidad | De todo ello se deduce que Tejeiro fue un imprudente y un irresponsable al mentir al banco sobre sus ingresos reales y comprometer a una empresa ajena a sus chanchullos y delirios. Y más todavía con el argumento de comisiones urbanísticas, que estaba siendo la madre del cordero de la corrupción real en toda España.

Por ello merece la condena moral y política, pero una cosa es el tremendo error y hasta estupidez de Tejeiro y otra muy distinta aprovecharse de que siendo el autor del falso contrato socialista y el fax desde el que se envió propiedad de otro ex alcalde socialista, organizar una campaña mediática sobre “el mayor caso de corrupción de la historia de España” (dixit Aguirre).            

El montaje. Una vez tomada la decisión de utilizar el escándalo por parte del entonces secretario general del PP, Francisco Granados, hoy presunto delincuente, éste, con el visto bueno de Esperanza Aguirre, tejió las redes mediáticas (sobre todo ‘ABC’ y Telemadrid) que serían la lanzadera de la corrupción del PSOE escenificada en el ‘caso Ciempozuelos’. Poco importó que desde el principio se conociese que el contrato era falso y que no había comisiones, el PP vio en este caso un claro beneficio electoral y una poderosa arma para poner contra las cuerdas a los socialistas, su rival político. Así puso a funcionar su máquinaria y hasta el PSOE, que decidió desvincularse de los supuestos alcaldes corruptos, se sumó a la estrategia del PP en la denuncia del que desde entonces pasó a denominarse ‘caso Ciempozuelos’.  O como dicen los magistrados en la sentencia, “a pesar de que el contrato es falso se diría que ha sido dado por bueno por las acusaciones ignorando incluso el auto de sobreseimiento provisional de esta Audiencia”.

Pero todos los medios de comunicación repitieron una y otra vez que ambos alcaldes socialistas habían cobrado “supuestamente” una comisión de 40 millones de euros por recalificar terrenos en Ciempozuelos. De nada sirvió la desproporción entre el tamaño del pueblo y la comisión, tampoco sirvió de nada la pronta demostración de que el contrato tenía firma falsa. Ni PP ni PSOE repararon para nada en los perjuicios que este asunto causaba a Ciempozuelos, paralizando su Plan General, aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, y su desarrollo. PP y PSOE, cada uno con motivaciones distintas pero unidos en este caso por intereses electoralistas contrapuestos, avivaron el falso ‘caso Ciempozuelos’ y con él el injusto descrédito y decadencia del pueblo. 

Varapalo judicial. La sentencia, firmada por los magistrados Arturo Beltrán (presidente), Jesús Ángel Guijarro y Pascual Fabiá, no deja títere con cabeza. Más que un varapalo, es una descalificación total de las acusaciones del PP y del sindicato Manos Limpias, pero también deja en mal lugar a la fiscalía, a la acusación del PSOE, a la policía judicial y hasta al propio tribunal.

La “partidista” acusación del PP. Los magistrados dicen que “el Tribunal prefiere no calificar la acusación formulada por el Partido Popular”, puesto que sus conclusiones “tienen escasa ilación”, “no existe correlación entre los hechos y su calificación jurídica (…), lo que hace es afirmar que los hechos constituyen todos los delitos” haciendo “imposible la defensa” y “tornando en inválida la acusación”. Esta “acusación responde a un pensamiento partidista que no puede compartir un tribunal” y “da por buena una alianza para delinquir iniciada en 1991 entre Torrejón y Tejeiro (…) con una suerte de teoría conspiratoria donde todos (amigos, cuñados, parientes de amigos) estaban sumidos en el lodo de la corrupción”.

Luego la sentencia recoge que “sólo una persona ha declarado que Tejeiro y Torrejón tenían intereses claros de que fueran determinadas sociedades las que se hicieran con el dominio del suelo urbanizable”, pero, añade la sentencia, “como ya se ha dicho esto es falso, la fiabilidad de este testigo es, siendo generoso, escasa. Se trata de Á.P.V. condenado por delito continuado de estafa por pagar dinero a un anciano de escasa cultura que aceptaría declararse propietario, a partir de un título falso (herencia en los años 30) de más de 150 fincas rústicas de Ciempozuelos, que se simularon vender a sociedades controladas por Á.P.V.”.

Las otras acusaciones. De la acusación particular del pseudosindicato Manos Limpias, dirigido por Miguel Bernard, ex líder de la fascista Fuerza Nueva, el tribunal dice que “tiene el mismo defecto que la del Partido Popular”.

Y de las acusaciones de la fiscalía y del PSOE, que se adhirió a ésta, la sentencia recoge que “se trata de acusaciones voluntaristas o imprecisas, que dan por probado lo que tienen que probar”. También los magistrados reprochan a estas acusaciones que denuncien comisiones que no demuestran y la incoherencia de que “los testaferros retienen para sí más de tres millones de euros y entregan a sus principales menos de uno, lo que no responde a la lógica que los testaferros se queden con más de las tres cuartas partes del presunto ilícito beneficio”.

Finalmente, los magistrados hacen una crítica velada al propio Tribunal. Dicen textualmente que “ha podido equivocarse al rechazar la cuestión previa de las defensas solicitando la expulsión del proceso de la acusación del PP y de Manos Limpias”.  Es decir, que el Tribunal viene a reconocer que tanto el PP como Manos Limpias han utilizado la justicia con fines e intereses exclusivamente partidistas.

Sobre la economía de Torrejón. En cuanto a la capacidad de ahorrar cerca de un millón de euros por parte de Torrejón, tras un exhaustivo análisis de sus cuentas, la sentencia señala que “puede afirmarse que la economía de la familia [de Pedro Torrejón] iba bien desde mucho antes de que Torrejón fuera alcalde. Así lo demuestran las aportaciones a planes de pensiones y fondos de inversión iniciados en 1986 con aportaciones muchas veces millonarias. Antes de 1997 llegaron a sumar 64.748.630 pesetas”.

“Razonable sospecha de parcialidad” del juez instructor. Tras la publicación del escándalo en el ‘ABC’ en octubre de 2006, Manos Limpias interpone una denuncia en el juzgado de Valdemoro.

El entonces juez, Agustín Carretero, interroga a cinco personas, los dos ex alcaldes socialistas y tres empresarios. Deja en libertad a los tres empresarios, pero retiene a los dos políticos y pasadas las 11 de la noche decreta su entrada en la prisión de Valdemoro eludible bajo fianza de 900.000 €. Esta fianza desproporcionada y a la hora en que fue puesta tenía como fin que los dos políticos socialistas no pudiesen eludir la prisión. ‘Casualmente’ cerca de las 12 de la noche cuando los dos ex alcaldes entran en la prisión de Valdemoro está allí un fotógrafo de ‘ABC’ que le da la portada nacional al rotativo : “El juez envía a prisión a los dos ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos”, titula a toda plana. 

Tras las elecciones regionales de mayo de 2007, Esperanza Aguirre nombra a Agustín Carretero Director General de Política Interior y Cooperación con el Estado y el juez pide excedencia para dedicarse a la política.

La sentencia, sin llegar a establecer una relación causa-efecto entre el encarcelamiento de los dos ex alcaldes y su paso a la política, reconoce que “es evidente que respecto del juez instructor [Agustín Carretero] cabe una razonable sospecha de parcialidad”, pues, continúa la sentencia, “conforme a la experiencia, los nombramientos no nacen espontáneamente sino de previos diálogos o negociaciones”, por lo que “su apariencia de imparcialidad queda en entredicho”. 

Final del caso. Con una sentencia totalmente absolutoria, finaliza el mal llamado ‘caso Ciempozuelos’, si bien durante ocho años y medio -la justicia es exasperantemente lenta, aunque en este caso ha sido contundente-  los afectados han sufrido la ‘pena de telediario’, o lo que es lo mismo, la condena mediática que pone a los pies de los caballos la fama y el buen nombre de los imputados ante muchos de sus convecinos.

Nada más conocerse la sentencia absolutoria, que tuvo lugar el pasado 29 de abril, el más conocido de los imputados, Pedro Torrejón, que lidera el partido local Ciudadanos por Ciempuozuelos,  manifestaba su “enorme satisfacción por haberse hecho justicia y, sobre todo, que haya acabado el calvario al que se ha visto sometida mi familia”. Y añadía: “No siento rencor ni ánimo de venganza por las difamaciones, críticas e insultos que ahora se han demostrado injustos, quiero centrarme en lo positivo y ayudar a recuperar mi pueblo en lo que yo pueda aportar”.

Sin querer ser protagonistas de lo que no somos, es justo reconocer que este medio, Zigzag, ha sido el único en toda España que a lo largo de este largo proceso ha puesto en duda la veracidad de los denunciantes y ha informado de las turbias motivaciones políticas del PP regional y de las sospechas de parcialidad del juez instructor, entre otras irregularidades. No es porque sepamos más que nadie, simplemente es probable que hayamos sido los únicos periodistas que hemos leído las miles de páginas que ha acumulado este proceso por fin cerrado con la conclusión de que nunca hubo un ‘caso Ciempozuelos’.