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TAMARA RABANEDA, CONCEJALA DE ECONOMÍA DEL AYTO. PINTO

“Esta situación era inimaginable hace cuatro años”

Redacción Ver comentarios 1 Martes, 07 de Abril de 2015 Tiempo de lectura:

Tamara Rabaneda Gudiel (Pinto, 37 años) es Técnico Superior. Concejala delegada de Economía, Contratación y Turismo del Ayuntamiento de Pinto, trabaja también como directora de Calidad Aeroespacial en una multinacional. Tamara hace realidad el dicho de que una mujer, a diferencia de un hombre, es capaz de hacer bien dos cosas distintas a la vez. Casada, con un hijo de 3 años, es de carácter activo y conciliador.

[Img #10922]¿Cuál es su objetivo al frente de la concejalía de Economía?
Bajar presión fiscal, evitar el fraude, adecuar ordenanzas, estudiar y analizar las situaciones económicas.
Siendo conscientes de la situación económica que atravesaban los vecinos de Pinto, hemos perseguido facilitarles el pago de sus impuestos, situando la cuota local de los dos principales (IBI y Vehículos) en el mínimo legal y eliminando la subida impuesta por los partidos de la izquierda de un 80% en 2009 en el impuesto de vehículos. También aprobamos bonificaciones, rebajas y todas las facilidades para que los ciudadanos puedan fraccionar el abono de sus impuestos.

Y en algunos casos hemos aprobado bonificaciones en el impuesto de plusvalía de hasta un 95% o eximido de su pago a quienes pierden su vivienda por impago de la hipoteca.
También hemos buscado obtener más recursos de quienes defraudan y estamos estudiando nuevas ordenanzas fiscales con las que gravar actividades hasta ahora exentas -como a los cajeros automáticos de los bancos-, sin recurrir al aumento de la presión fiscal a los vecinos.

Usted se declaró en contra de la brutal subida del IBI en Pinto establecida por el Estado. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento para bajarlo?  
Hemos mantenido el  IBI al mínimo legal que permite la ley, recogiendo en nuestra ordenanza todas las bonificaciones posibles.  Y hemos  exigido a la dirección del Catastro que  realizara una revisión, que se tradujera en la bajada general del recibo del IBI en Pinto. Hemos logrado que este año se haga esa revalorización y entre en vigor en 2016.   

Algunos mantienen que hay que subir los impuestos para mejorar los servicios públicos. ¿La bajada llevada a cabo por el PP los pone en peligro?
Se ha conseguido estabilizar y sanear las cuentas del Consistorio alcanzando una situación inimaginable hace 4 años. La solvencia económica, la estabilidad financiera y la credibilidad institucional son el resultado de nuestra gestión económica. Esto ha permitido bajar impuestos, reducir deuda y, al mismo tiempo, hacer la mayor inversión social que haya realizado nunca un Gobierno en Pinto.

Una cosa es presupuestar unos ingresos  y otra muy distinta recaudar efectivamente lo que se presupuesta. La ejecución de los últimos presupuestos de Pinto ha sido alta. ¿A qué se ha debido?
Además de agradecer la muy positiva respuesta ciudadana, se han realizado medidas de concienciación, difusión y bonificación que han posibilitado el adherirse a mecanismos de pago con mayor facilidad. La buena labor de los servicios tributarios y de inspección, unido a la elaboración de unos presupuestos reales ha hecho que nunca hayamos contado con dinero que no fuésemos a recibir. Hemos gastado sólo en función de lo que efectivamente recaudábamos.

La ejecución presupuestaria ha pasado de un 78% en 2010, que es el último año de gestión socialista, a un 102,8% en el avance de la liquidación de 2014. Son datos que muestran la diferencia entre una gestión irresponsable y la gestión dedicada a resolver problemas, y no a generarlos, que ha llevado a cabo el PP.

Finalmente, ¿qué destaca de los presupuestos de 2015?
Siguen nuestra línea de desarrollo sin  poner en riesgo la estabilidad del municipio, es un presupuesto con los pies en la tierra, en los que los impuestos bajan casi un 8% y la presión fiscal per cápita baja casi un 10%. Hay una disminución muy acusada de pago de intereses y capital a los bancos. En resumen son unos presupuestos para los ciudadanos en los que servicios e infraestructuras suben en detrimento de deuda pública y gastos de administración.

 

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