El Canal de Isabel II tendrá un 49% de capital privado, convirtiéndose en una empresa mixta con mayoría de capital público. Aunque este 49% podría llegar a convertirse hasta en un 63%, lo que supondría la privatización mayoritaria, al posibilitarse la venta de las acciones que la Comunidad de Madrid ha cedido a los Ayuntamientos (cada Ayuntamiento podría llegar a vender un 70% de las acciones como máximo). Este riesgo se prevé principalmente por la situación de endeudamiento actual de los gobiernos locales, opción que el Gobierno de Pinto no descartó en el Pleno. “En un futuro será una opción a debatir si el Ayuntamiento necesita fondos”, señaló el portavoz del Gobierno, Julio López Madera.
Pero el Ejecutivo pinteño ha asegurado que el convenio será “muy positivo“ para Pinto, ya que “garantizará la calidad del agua en las condiciones actuales, la titularidad pública y, además, proporcionará a Pinto importantes beneficios económicos”.
No opinan igual los tres partidos en la oposición, PSOE, MIA y UPyD, que votaron en contra abogando por un modelo público de gestión del agua. Además, señalaron el alto rendimiento económico que tendrá para la inversión privada gestionar este recurso natural, y denunciaron que el PP local, una vez más, no se desmarcara de las directrices que se marcan desde la Comunidad de Madrid.
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