El pasado 31 de marzo se cumplió
un año del cierre de la residencia municipal de mayores de San Martín de la
Vega, tras haber estado en funcionamiento durante 18 años. Los concejales del
partido socialista han denunciado que el edificio “se encuentra en un estado fantasmal, totalmente abandonado,
evidenciando la falta de mantenimiento de un servicio que llegó a ser
prioritario y esencial”.
El grupo ha elaborado un vídeo para denunciar el estado en que en la actualidad se encuentran las instalaciones de la residencia y afirman que “los recortes del PP no entienden de edades ni de situaciones”, criticando que “el ayuntamiento ha tenido que hacer frente al pago de 277.000€ en concepto de indemnización por los despidos de las trabajadoras”.
El Gobierno de Carmen Guijorro
hizo público el cierre del centro en una nota de prensa, “tras meses de propuestas y negociaciones sin éxito”, reconociendo implícitamente
el fracaso de su gestión.
Según la Cadena Ser, el Partido Popular presentará al pleno de mayo el pliego de condiciones para que una empresa privada vuelva a hacerse cargo de la gestión del centro, "probablemente tanto de residencia como de centro de día".
La residencia era municipal, aunque desde su origen ha sido gestionada por empresas externas. La adjudicataria hasta el momento del cierre fue Mensajeros de la Paz.
Tras la aprobación del Plan de Pago a Proveedores en 2012, el consistorio dejó de aportar los 200.000 euros que la residencia recibía anualmente, aunque la Comunidad de Madrid continuó sufragando parte de los gastos debido a un concierto entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de San Martín.
Hasta el 13 de diciembre de 2012, la residencia atendía a 15 personas asistidas y a 29 que se valían por sí mismas. Fue entonces cuando la Comunidad de Madrid decide unilateralmente eliminar el concierto de las personas válidas y amplió las plazas de asistidos hasta 24, pero no fueron cubiertas.
En marzo del pasado año la residencia tendía a 17 personas asistidas. Existían 7 plazas sin cubrir, aunque el canon anual que se aportaba a la empresa adjudicataria no varió.
Para evitar el cierre, el ayuntamiento negoció con los trabajadores las alternativas posibles, proponiendo una rebaja del 15% del sueldo, "aunque no se habrían evitado los despidos", según dos antiguas trabajadoras de la residencia.
También se planteó la opción de crear una cooperativa de trabajadores, pero según comentaron las mismas empleadas "el ayuntamiento no aseguraba el pago del concierto con la Comunidad de Madrid mes a mes".
























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