"Es un chiringuito ilegal gestionado por los propios agentes"

El diario El Mundo publicó ayer una noticia en la que afirmaban que el bar en que los Tejero, padre e hijo, realizaron la polémica celebración del 33º aniversario del golpe de Estado del 23 de febrero “es un chiringuito ilegal gestionado por los propios agentes y sobre el que la institución no tiene control alguno, pese a que las normas obligan a ello”. Antonio Tejero –hijo del golpista- responsable de la unidad que organizó la celebración fue destituido después de su publicación en los medios de comunicación.

El establecimiento incumple la ley que obliga a abrir un concurso público, ocupa a varios agentes dedicados a tareas de hostelería -lo que contraviene las normas del Instituto Armado- y genera un flujo de dinero sobre el que los mandos, más allá de la jefatura de la unidad, “no tienen ningún control”.

Este hecho fue denunciado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Según los demandantes, la unidad cuenta con una población flotante de unos 230 agentes de los que “al menos 60 siempre están allí”. Además, el “chiringuito” “hace competencia desleal al bar del Colegio de Guardias Jóvenes, que está a 100 metros y que sí lo gestiona una empresa subcontratada que tiene que pagar sus impuestos y lo demás”.

Según El Mundo, “la dirección de comunicación de la Guardia Civil desmintió la ilegalidad del garito, pero no la fundamentó en ninguna norma”, explicando que:  “No es un bar, son unas dependencias en las que los agentes pueden descansar, y pagan ellos mismos lo que consumen, como en cualquier lugar de trabajo. No está abierto de continuo y es incierto que haya agentes que trabajen allí de camareros”.

Pero para la AUGC “la realidad es que el establecimiento, regentado por guardias civiles dentro del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) en Valdemoro, tiene su barra y sus mesas, y ofrece bocadillos, tapas, desayunos y cafés. Los agentes lo llaman La Fragua”.

En el bar “existe también una carta de precios, recibe periódicas visitas de proveedores de refrescos y cerveza y, según agentes de la propia unidad, abre todos los días y en él se podrían reunir hasta 100 personas cada mañana, con un mínimo de 25-30 en los días más bajos, según fuentes de la propia unidad”. “Hay una plancha en la que se cocina panceta y chorizo, se hacen tortillas de patata y aperitivos de magro. Los horarios diarios de apertura, adaptados a los ejercicios habituales de la unidad, que en realidad es un grupo de elite, son 7.30-9.00 horas, 10.00-10.30 horas y 12.00-15.00 horas”.

Históricamente, las cantinas de los cuarteles de la Guardia Civil eran gestionadas sin control de ningún tipo por la autoridad. “Pero eso cambió a mediados de los 90”,explican al periódico desde la AUGC, “cuando se convocaron concursos públicos para gestionar lo que en realidad son negocios que deberían regirse por criterios profesionales”.

“En la cafetería de Valdemoro, por ejemplo, nadie controla si los agentes tienen o no carnet de manipulador de alimentos, ni si se cumplen las normas de salidas de incendios, aforo, etcétera. Tampoco se pagan impuestos. Está fuera de la ley”, declaraban a El Mundo la organización sindical.

Según la AUGC son entre ocho y 12 agentes los destinados a este servicio de hostelería. Además, el empleo de agentes en el bar “genera agravios comparativos entre los agentes: los hay que querrían tener el horario de los del bar, pero están en el régimen de los demás".

En su denuncia, AUGC también critica que durante el mandato de Antonio Tejero hijo “se habilitó una sala más, que es precisamente en la que se celebró la famosa comida, por orden del jefe de la unidad: trabajaron en ello guardias civiles como albañiles y carpinteros, cuando esa es una función que no deben realizar”. El sindicato también pone en duda el empleo de los beneficios del “chiringuito”. “Siempre se les ha dicho a los agentes que se reinvertían en el propio establecimiento, pero sin control de ningún tipo, ¿quién puede asegurarlo?”, se preguntan.

El gabinete de comunicación de la dirección general aseguró que “es normal que haya dependencias de este tipo en unidades con tránsito” aunque  no supo señalar otra en todo el país que no esté subcontratada con arreglo a la ley. Desde AUGC se admite “una en Candanchú, la única que no es una concesión administrativa. Todas las demás lo son, como es lógico”.