“En 2009 me robaron archivadores con documentos que poco después aparecen en prensa”

“En junio de 2009 hubo un robo en varios trasteros de la calle Valdemoro, 31, en Pinto”, ha explicado Antonio Fernández a Zigzag tras su declaración el pasado miércoles en el Juzgado de Parla. “Uno de esos trasteros era mío, en el que guardaba en cajas documentación de la Fundación Pinares y de mis sociedades mercantiles, que desapareció”, añadió el ex alcalde socialista de Pinto.

Fernández denunció el robo antes de que se iniciara la causa judicial abierta por el Partido Popular contra él por el llamado ‘caso Argentina’. “No quiero pensar que fueron a robar mi trastero ex profeso, pero lo cierto es que al poco tiempo del robo empezaron a aparecer en prensa varios documentos".  

Declaración en el Juzgado | El pasado miércoles, Antonio Fernández compareció en el Juzgado nº 6 de Parla para prestar declaración durante una hora en relación al presunto fraude en las viviendas sociales construidas con fondos del Ayuntamiento de Pinto en el municipio argentino homónimo, hermanado con la localidad española.

A instancias de la juez y de la fiscal, la declaración de Fernández se centró en una parte de la ayuda humanitaria que Pinto (España) concedió a Pinto (Argentina) entre 2004 y 2006 y que ascendió a 1.753.000 euros (construcción de 18 viviendas sociales, pavimentación de calles, construcción de una escuela de educación especial, etc). Fernández respondió a las preguntas sobre el destino de los 648.274 euros que se invirtieron en las 18 viviendas. Concretamente en cómo se adjudicaron esas viviendas, los procedimientos del concurso y quién ingresó y qué se hizo con el dinero que pagaron los adjudicatarios.

Fernández volvió a declarar, como ya había hecho en 2010, que los primeros pagos de las cuotas por las viviendas se hicieron hasta mayo de 2006 a una cuenta personal suya, “porque la Fundación Pinares no tenía hasta esa fecha personalidad jurídica en Argentina”.  Y que “a partir del 1 de enero de 2007, las cuotas las gestionaba un contador público”. “El total de lo cobrado por la Fundación Pinares por esas viviendas no llega a los 40.000 euros”, aseguró el ex alcalde.

El 'caso' | Más que la supuesta malversación del dinero que recaudó la Fundación Pinares por las cuotas, el asunto espinoso es por qué se cambió el objeto social de estas viviendas aprobado en la Junta de Gobierno Local de 21 de diciembre de 2004. Lo aprobado obligaba a que las viviendas se destinarían a “personas necesitadas, utilizando un sistema de adjudicación público donde se tendrán en cuenta factores económicos y sociales”, sin embargo, no fue así y el cambio de objeto ni se llevó a Pleno ni fue aprobado en Junta de Gobierno.

Además, tampoco se aprobó el cambio del sistema de adjudicación público y las viviendas fueron vendidas a bajo precio a profesionales (médicos, abogados y comerciantes), “para que éstos no abandonasen la localidad y pudiesen tener una vivienda digna, lo que no existía antes”, dijo el ex alcalde.

El pazo de Galicia | Fernández no contestó a las preguntas del abogado de la acusación del Partido Popular, Juan Ramón Montero, salvo en un episodio sobre la propiedad de un supuesto pazo que el abogado le atribuyó en Galicia. “En realidad no hizo preguntas -afirma el acusado- sino afirmaciones no sobre el caso concreto que se estaba instruyendo, sino sobre mis sociedades y una causa general contra mí, por lo que la juez le llamó la atención en más de una ocasión”.

En un momento, Montero le pregunta a Fernández si tiene un pazo (casa señorial) en Galicia. “No”, contesta el imputado. Entonces, el abogado muestra una escritura de ese pazo que resulta ser una caseta de unos 6 metros cuadrados para guardar aperos de labranza construida en un terreno rústico de una aldea gallega.

Baile de jueces | El Juzgado nº 6 de Parla comenzó la instrucción del ‘caso Argentina’ en 2009 y, cinco años después, continúa sin cerrarse. Ahora la instrucción la lleva una nueva jueza (el baile de jueces en Parla es constante) que ha vuelto a estudiar el caso en el que también están imputados Juan Tendero, ex alcalde socialista de Pinto (2005-2007), y Patricia Fernández, ex concejala de Hacienda e hija de Antonio Fernández.

“Mi abogado va a pedir el archivo de la imputación de Juan Tendero y de Patricia”, ha comentado Fernández a Zigzag.