El pleno reprueba a la alcaldesa y al equipo de Gobierno

La moción presentada por el grupo municipal IU-LV al pleno de enero de Ciempozuelos, relativa a la reprobación del equipo de Gobierno por la polémica en torno al acto organizado en el CSOA La Matriz, contó con el apoyo de todos los grupos de la oposición. PSOE, IU, CPCI y PIC votaron a favor del texto y la alcaldesa, Mª Ángeles Herrera y todos los miembros de su equipo de Gobierno fueron reprobados por la corporación.

Izquierda Unida reconoció, en su defensa de la propuesta, que comprendían que Mª Ángeles Herrera como alcaldesa hablase con las fuerzas de seguridad para que procedieran al estudio de la situación y se protegiese la seguridad de los vecinos. Sin embargo, afirman no entender que “eche gasolina  a esos actos” y responsabilizaban también a los concejales de Seguridad y Comunicación. Además, invitan al equipo de Gobierno a “demostrar que IU ha apoyado el acto”. Alegan que el PP ha dado credibilidad a un bulo y consideran que “el Partido Popular es directamente responsable. Han querido vincular ETA, okupación e Izquierda Unida”. Consideran que el equipo de Gobierno “se ha dedicado a hacer política rastrera, mencionando a un compañero y poniéndolo en el disparadero”.

La portavoz del PSOE, Raquel Jimeno, expuso los errores que, a juicio de la formación, ha cometido el equipo de Gobierno. “primero: la falta de diálogo. Segundo: han desoído a la Delegación de Gobierno, poniendo en riesgo la tranquilidad y seguridad del municipio, todo ello una vezse había cancelado el acto”. Además, consideran “intolerable que cualquier grupo exponga a un compañero, sea cual sea su ideología”. Para el PSOE, al PP le ha faltado diálogo y sensatez, “algo a lo que están obligados como Gobierno”.

“No compartimos la okupación, por parte de nadie”, expuso el grupo Ciudadanos Por Ciempozuelos (CPCI) a través de su portavoz, Pedro Torrejón. “No estamos ni en contra ni a favor de nadie, pero tomamos postura por la manipulación informativa”, continúa. CPCI apoya la moción “en base a la información que se nos ha proporcionado, si en comisión dan explicaciones, no tenemos inconveniente en retirarla y rectificar”. Pedro Torrejón criticó que el equipo de Gobierno no proporcionase a los grupos de la oposición los informes emitidos por las fuerzas de seguridad, “si tiene información y documentos de un punto que se trae a discusión al pleno, su obligación es trasladarla a todos los grupos”. Además, acusó al PP de utilizar a las víctimas con fines partidistas.

El Partido Independiente de Ciempozuelos (PIC) también condena la okupación de viviendas y reconoce que la actuación de la alcaldesa, en un primer momento, les pareció correcta. Sin embargo, suscriben “del primer al último párrafo”, la moción de IU.

"Actuamos de manera prudente, coherente y sensata" | Durante su intervención, el PP manifestó a través de su portavoz, Rafael Marín, que “le hubiese gustado tener la comisión antes de la reprobación, para tratar todos los temas y dar la información”. Marín afirmó que “nunca se ha orquestado campaña de manipulación ni se han intentado crear cortinas de humo para disimular las facturas no contabilizadas”. También comunicó que desde el equipo de Gobierno se han denunciado  “las pintadas radicales, de un signo y de otro”.

Según Marín, el equipo de Gobierno siguió un protocolo de acción “ante un hecho que no había ocurrido antes en Ciempozuelos, actuando en base a la información obtenida de la policía local”. Afirmó que el Ejecutivo actuó de manera “prudente, coherente y sensata”.

Por alusiones intervino el concejal de Seguridad, Juan José Benito. Según el edil, cuando el acto se hace público “se empieza a mover por las redes sociales, que son un mundo incontrolable”. Entonces, “grupos de ultra derecha y ultra izquierda empiezan a enfrentarse verbalmente”, añade. Benito afirma que el jueves 16 de enero, tras una concentración de grupos de extrema derecha en la Plaza de la Constitución, la Policía Local le comunica que “ven el asunto muy serio”. El responsable de Seguridad de Ciempozuelos mantiene que se trataba de un “acto proetarra” y vinculó a la persona encargada de la ponencia en el acto con SEGI, organización ilegalizada por su presunta relación con ETA.